La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha presentado hoy en comisión parlamentaria un balance de las promociones de VPO, propiedad de EPSA, que no logran vender ni siquiera a precios razonables, o bien porque la falta de crédito bancario ha tumbado la demanda de viviendas o bien por problemas de planificación urbanística que dificultan que algunos pisos se vendan. La estrategia del departamento de Cortés para desatascar esa situación pasa por retirar del mercado de venta esas VPO colgadas y ponerlas en alquiler todas a rentas bajas (638 pisos). De este número hay 13 viviendas cuyas comunidades de vecinos se niegan a que los apartamentos vacíos se arrenden a precios bajos. Las llamadas comunidades mixtas son un problema con el que se encuentra la Junta a la hora de dar salida a sus viviendas públicas: los propietarios de pisos no quieren que en el mismo edificio habiten familias que sólo acceden a una vivienda a precios exiguos.
En los últimos diez años se han construido en Andalucía más de 10.000 VPO. La Junta no se inclina ahora por seguir construyendo, primero porque no hay dinero, y segundo porque no hay tanta demanda como antes, por eso la consejería de Elena Cortés está volcada en el alquiler.
La consejera también ha avanzado que en breve expira el plazo de prórroga que tienen los bancos para entregar a la Junta el censo de VPO. Algunas entidades ya han respondido, otras no y se exponen a ser sancionadas, como establece el llamado decreto-ley antidesahucios. Mañana se publicará en el BOJA la orden de del plan de inspección de viviendas vacías. Una vez que los bancos hayan presentado el número de VPO que tienen en propiedad, Fomento desplegará a los inspectores, tanto de EPSA como de las delegaciones territoriales, para cuantificar el número de viviendas vacías. Todas ellas se pondrán en alquiler a precios bajos cuando se acredite que llevan más de seis meses sin habitar.
La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha presentado hoy en comisión parlamentaria un balance de las promociones de VPO, propiedad de EPSA, que no logran vender ni siquiera a precios razonables, o bien porque la falta de crédito bancario ha tumbado la demanda de viviendas o bien por problemas de planificación urbanística que dificultan que algunos pisos se vendan. La estrategia del departamento de Cortés para desatascar esa situación pasa por retirar del mercado de venta esas VPO colgadas y ponerlas en alquiler todas a rentas bajas (638 pisos). De este número hay 13 viviendas cuyas comunidades de vecinos se niegan a que los apartamentos vacíos se arrenden a precios bajos. Las llamadas comunidades mixtas son un problema con el que se encuentra la Junta a la hora de dar salida a sus viviendas públicas: los propietarios de pisos no quieren que en el mismo edificio habiten familias que sólo acceden a una vivienda a precios exiguos.
En los últimos diez años se han construido en Andalucía más de 10.000 VPO. La Junta no se inclina ahora por seguir construyendo, primero porque no hay dinero, y segundo porque no hay tanta demanda como antes, por eso la consejería de Elena Cortés está volcada en el alquiler.
La consejera también ha avanzado que en breve expira el plazo de prórroga que tienen los bancos para entregar a la Junta el censo de VPO. Algunas entidades ya han respondido, otras no y se exponen a ser sancionadas, como establece el llamado decreto-ley antidesahucios. Mañana se publicará en el BOJA la orden de del plan de inspección de viviendas vacías. Una vez que los bancos hayan presentado el número de VPO que tienen en propiedad, Fomento desplegará a los inspectores, tanto de EPSA como de las delegaciones territoriales, para cuantificar el número de viviendas vacías. Todas ellas se pondrán en alquiler a precios bajos cuando se acredite que llevan más de seis meses sin habitar.
