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Multa de más de dos millones a 30 entidades bancarias por cláusulas abusivas en los contratos

Los Servicios de Consumo han detectado un total de 78 infracciones calificadas de graves y muy graves .

el 05 jun 2014 / 14:11 h.

banco La Secretaría General de Consumo ha resuelto un total de 55  procedimientos sancionadores contra 30 entidades financieras que  operan en la comunidad autónoma como resultado de una campaña de  inspección iniciada a finales del año 2011. Las sanciones tienen su  origen en las cláusulas abusivas que aplicaron estas entidades en los  contratos bancarios a sus clientes. La cantidad a la que deberán  hacer frente asciende a un montante de 2.047.801 euros. Según informa en un comunicado la Secretaría General de Consumo,  atendiendo a los procedimientos sancionadores instruidos se considera  probado que un total de 30 entidades bancarias ocultaron información  relevante sobre las condiciones del contrato, establecieron intereses  de demora elevados e impusieron garantías desproporcionadas al riesgo  asumido de las personas consumidoras. De acuerdo con la legislación vigente, se consideran cláusulas  abusivas aquellas que vinculen el contrato a la voluntad del  empresario, limiten los derechos de la persona usuaria, determinen la  falta de reciprocidad en el contrato, impongan a la persona  consumidora garantías desproporcionadas o impongan indebidamente la  carga de la prueba, resulten desproporcionadas en relación con el  perfeccionamiento o ejecución del contrato, o contravengan las reglas  sobre competencia y derecho aplicable. Ajustadas a esta clasificación, las más frecuentes en las que han  incurrido estos bancos han sido fijar unos intereses de demora  desproporcionadamente elevados en préstamos hipotecarios y no  hipotecarios, comisiones por servicios, operaciones y gastos  repercutibles en contratos de libreta ahorro, en los contratos de  apertura de cuenta o de depósito, o la cláusula que obliga a  comunicar a la entidad en caso de sustracción o extravío en las  tarjetas. En estas inspecciones se ha detectado la comisión de 86  infracciones, siendo ocho de ellas de carácter leve (le corresponde  una multa de 200 a 5.000 euros), 58 son graves (entre 5,001 y 30.000  euros) y 20 se consideran muy graves (de 30.001 a 400.000 euros). En  el marco de esta campaña, también se han detectado otro tipo de  faltas que han dado pie a otros 25 procedimientos sancionadores, que  llevan aparejados una multa por 58.501 euros, por defectos de  información de las oficinas de las entidades, no disponer de libro de  hojas de quejas y reclamaciones y del cartel anunciador. Las propuestas de sanción fueron iniciadas a finales de julio de  2013, y los expedientes han sido resueltos y notificados a todas y  cada una de las entidades afectadas durante la segunda quincena de  mayo de este año. Dado que una de las alegaciones más frecuente es la  falta de competencia de la Administración andaluza para sancionar por  este tipo de cláusulas abusivas en los contratos bancarios, la  Secretaría General de Consumo recuerda el anclaje jurídico de su  capacidad sancionadora en el artículo 47.3 del Real Decreto  Legislativo 1/2007, así como en una reciente sentencia del Tribunal  Superior de Justicia de Andalucía. La lista de entidades inspeccionadas en esta campaña asciende a  48, aunque muchas de ellas en la actualidad ya no existen, dados los  recientes procesos de fusión y absorción que se han dado  recientemente en el sector financiero español. COMISO DEL BENEFICIO ILICITO La Secretaría General de Consumo prevé iniciar en los próximos  meses expedientes sancionadores a más de 20 entidades por cláusulas  suelo en el marco de la campaña de inspección que está desarrollando  desde mediados de 2013, con el objetivo de comprobar que los créditos  hipotecarios formalizados por las personas consumidoras no incluyen  cláusulas abusivas. En el contexto de esta campaña se prevé aplicar  el comiso del beneficio ilícito obtenido por la infracción. Además, con la futura Ley andaluza de Garantía en la contratación  Hipotecaria, la cual se encuentra actualmente en tramitación,  promovida por la Consejería de Administración Local y Relaciones  Institucionales, está previsto llevar a cabo la revisión del régimen  sancionador de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Consumo, de tal  forma que, entre otras cuestiones, se aumentará la cuantía de las  sanciones ascendiendo hasta un millón de euros la muy grave. Por último, Consumo ya remitió a las entidades financieras que  operan en Andalucía la necesidad de que de manera voluntaria  retiraran las cláusulas suelo abusivas de sus préstamos hipotecarios  y ha puesto a disposición de las mismas el arbitraje, iniciando con  gran parte de ellas la mediación, como mecanismo de comunicación  eficaces para solucionar los conflictos ocasionados, especialmente  aquellos casos de especial desprotección de las personas  consumidoras.

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