La Junta de Andalucía se ha opuesto a la devolución de las piezas arqueológicas decomisadas en 2006 en el marco de la operación 'Tertis', una intervención que se saldó con la incautación de 300.000 reliquias y piezas de arqueología supuestamente expoliados de 31 yacimientos de seis provincias. Tras el sobreseimiento de la causa para 31 de los imputados, la Fiscalía ha solicitado ya el archivo de la causa para los últimos once inculpados pero, al igual que la Administración autonómica, se opone a la entrega de la piezas.
Según un escrito del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía, recogido por Europa Press, esta administración encargada de velar por la salvaguarda del patrimonio histórico considera que el auto de febrero de 2009, en el que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Marchena (Sevilla) archivaba las diligencias para 31 de los 41 inculpados y ordenaba la devolución de las piezas, interpretaba de forma "errónea" el régimen jurídico de las mismas.
Para la Junta, no se trata de los "bienes muebles" considerados por el juez, sino de "patrimonio arqueológico" como se recoge en la Ley 16/1985. Según esta consideración, --cree la Junta de Andalucía--, "todos los bienes descubiertos" desde esta Ley de 1985, incluidos los expoliados, "son de dominio público". Por ello, argumenta la Junta que "los bienes decomisados y objeto de depósito judicial deben quedar en posesión inmediata de la administración que ostenta sus derechos al ser de dominio público", si bien se admiten los "procedimientos oportunos 'a posteriori' para que los poseedores "puedan aportar pruebas de su posesión con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/1985".
SOBRESEIMIENTO MASIVO
En aquel auto del 24 de febrero, que libraba de cargos al grueso de los 42 imputados, el juez Toscano consideraba que las escuchas practicadas a varios de los detenidos "ponen de manifiesto la posible existencia de una extendida actividad consistente en, utilizando detectores de metales u horadando el suelo, aprehender restos arqueológicos" en zonas que "tienen o no la catalogación de yacimientos". Aludía, en concreto, a las diligencias que a comienzos de 2007 se cobraron 52 detenciones por el supuesto saqueo en diverso grado de 31 yacimientos arqueológicos de Sevilla (14), Badajoz (once), Cádiz (tres) y Málaga, Huelva y Jaén.
No obstante, las pruebas aportadas por la investigación, que supuso inicialmente el decomiso de aproximadamente 300.000 piezas arqueológicas supuestamente expoliadas, no fue "suficientes para mantener una imputación concreta" de hurto o robo con fuerza contra estas 31 personas, pues las diligencias pusieron de manifiesto "más que indiciriamente" la actividad del expolio, pero "no hay actividad que ponga de manifiesto la causa que permita establecer que un imputado acudió a un lugar determinado o indujo a otro a que así lo hiciera con el fin de sustraer piezas de un concreto yacimiento o lugar y que esa pieza se encuentre entre las que han sido intervenidas".
Además, las pruebas periciales practicadas por los técnicos del Museo Arqueológico de Sevilla sobre las piezas intervenidas "no permiten establecer indicios de tal conexión", pues aunque es posible datar cronológicamente cada vestigio y su procedencia "tampoco sería posible fijar la fecha concreta de su aprehensión".
