Después de cuatro borradores, continuas correcciones de forma y de fondo y la inclusión del 60% de las alegaciones presentadas, el Consejo de Gobierno aprobó ayer el polémico decreto sobre parques naturales. La norma permitirá a los 238 municipios ubicados en entornos protegidos rentabilizar sus usos agrícolas, turísticos, forestales, científicos, educativos o deportivos. Cualquier actividad que tiene lugar dentro de los márgenes de un parque natural -hay 24 en Andalucía- requería de engorrosos trámites administrativos, y la ley reducirá la burocracia para facilitar la explotación del entorno y el enriquecimiento socioeconómico de sus pueblos.
"Queremos que los ciudadanos que viven en espacios naturales también puedan vivir de ellos", dijo ayer el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo. Alrededor de 2,7 millones de personas habitan en municipios dentro de un parque natural. Sus alcaldes se quejaban de estar más limitados que el resto por la rígida protección medioambiental que afecta a su entorno. Les impedía crecer urbanística y económicamente, porque cualquier actividad -cultural, agrícola o turística- que aprobaran los alcaldes tenía que superar un sinfín de trámites administrativos hasta ver la luz. El decreto de parques naturales se gestó para sortear esas trabas burocráticas, pero enseguida despertó los recelos de los ecologistas.
Desde el principio, los grupos verdes pensaron que el decreto abriría un pasillo para la construcción indiscriminada en espacios protegidos. La norma establece que los planes de ordenación urbanística de los ayuntamientos estarán siempre subsumidos al Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y a los planes rectores de cada parque. Además será la Junta (los delegados provinciales), en última instancia, quien elabore un informe y dé la autorización previa a cualquier propuesta municipal urbanística que afecte al parque (en dos meses, o en 15 días si es prioritaria, dijo el consejero).
A pesar de todo, el texto definitivo conserva el matiz que más preocupa a los ecologistas que ayer afirmaron sentirse "engañados". Los ayuntamientos se reservan la potestad para decidir sobre construcciones de interés público en suelo no urbanizable. Los regidores podrían justificar una edificación si los intereses del municipio lo recomendasen.
Por esta parte del articulado, los ecologistas recurrirán el decreto de parques naturales en los tribunales en cuanto salga publicado en el BOJA. Díaz Trillo volvió a insistir ayer en que el decreto no aborda temas urbanísticos, sino asuntos de gestión administrativa. Pero los ecologistas temen que los alcaldes hagan una interpretación distinta del texto y que la Junta les dé el consentimiento.
El 40% de la superficie de Andalucía cuenta ya con algún grado de protección medioambiental.
