El Gobierno andaluz ha suspendido temporalmente el pago de unas ayudas ya concedidas a UGT relativas al plan de formación Andalucía Orienta, correspondiente al año 2013, por valor de 3,6 millones de euros. La Junta alega que el sindicato todavía no ha justificado el uso que le dio a estas mismas ayudas en las convocatorias anteriores, de 2009 y 2010, y se remite al artículo 124 de la Ley andaluza de Hacienda Pública, que establece: «No podrá proponerse el pago de subvenciones a personas o entidades beneficiarias que no hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa».
La semana pasada, el PP exigió en el Parlamento al consejero de Economía y Empleo, José Sánchez Maldonado, que paralizara todas las ayudas concedidas a UGT, mientras el sindicato no justificara debidamente el uso de subvenciones anteriores. El sindicato se encuentra inmerso en una investigación interna y judicial por el supuesto uso irregular de ayudas a la formación de parados. Fruto de este procedimiento, la Junta ya ha solicitado el reintegro de varias subvenciones por importe de 3,6 millones, correspondientes al Orienta de 2009 y 2010. Ese procedimiento, dice la Junta, sigue en plazo de alegaciones.
Maldonado explicó al PP en el Parlamento que la Junta no puede impedir que UGT-A siga participando en la convocatoria pública de ayudas. El sindicato concursó por última vez a la subvención del plan Orienta en noviembre del año pasado: una solicitud de 9,4 millones para cursos de formación a parados, de los que al final se le concedieron 3,6 millones en la resolución provisional de diciembre. Pese a haberle concedido estas ayudas la resolución apareció publicada en el BOJA en el momento en el que debía producirse el abono, la Junta ha paralizado el proceso.
El resultado es el mismo que el que reclamaba el PP, pero el procedimiento que ha usado el Gobierno andaluz ha sido distinto. «La decisión se ha adoptado con la ley en la mano», precisó ayer el portavoz Miguel Ángel Vázquez, que quiso aclarar que UGT sí cumplía los requisitos para recibir las ayudas que se le han suspendido. El escándalo de las facturas falsas en el sindicato provocó la dimisión del entonces secretario general Francisco Fernández Sevilla, que fue sustituido tras un comité extraordinario por Carmen Castilla, nueva líder de UGT-A.
