El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha anunciado esta mañana en el Parlamento que su Gobierno está ultimando "los aspectos formales" de un proyecto de ley de defensa de los consumidores de productos hipotecarios de Andalucía, y que la norma será llevada en breve al Consejo de Gobierno para su aprobación. Este proyecto de ley, anunciado ya y auspiciado por el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, lo está elaborando la Secretaría General de Consumo.
La Junta de Andalucía, que no tiene competencias para modificar la legislación hipotecaria en vigor, defiende la iniciativa popular que la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Viviendas registró en el Congreso, y que incluía, entre otras medidas, la dación en pago. La futura ley andaluza de protección de los consumidores de productos hipotecarios es una iniciativa que se apoya en la reciente sentencia del Tribunal de la UE, que dictaminó que la legislación española hipotecaria vulnera la ley comunitaria de vivienda porque no garantiza los derechos de los consumidores ante cláusulas abusivas de los bancos. Griñán ha recordado que esa sentencia "no paraliza de inmediato los desahucios, pero abre la puerta a la reforma de la legislación hipotecaria" en España.
La ley que prepara el departamento de Valderas busca blindar los derechos de los consumidores frente a las entidades bancarias, "proteger a la parte más débil" de los contratos hipotecarios. Griñán ha denunciado que gran parte de las familias desahuciadas (500 al día en España; 45 en Andalucía) han sido víctimas de contratos de adhesión con los bancos y las cláusulas abusivas que firmaron sin conocer los efectos que tendrían posteriormente.
