¿Qué le ha llevado a presentarse su candidatura a las elecciones a juez decano de Sevilla?
Tras una larga y meditada reflexión, me veo capacitado para asumir la representación de mis compañeros en estos tiempos difíciles para la Administración de Justicia, con objeto de defender su dignidad, de hacer valer sus posicionamientos y de trabajar sin descanso, con la responsabilidad y compromiso que representaría mi elección, para realizar una interlocución que permita resolver problemas y la mejora de nuestra eficacia, que se traduce en la tutela de los derechos de los ciudadanos.
¿Cuáles son los retos que se ha propuesto en caso de que resultara elegido por sus compañeros?
El juez decano es la máxima y más cercana expresión de la representación de los jueces, que lo eligen de manera directa. Asumir con la mayor honestidad y responsabilidad esa representación y dotarla de contenido, trabajando con los jueces es un reto apasionante. Espero que seamos capaces de trasmitir que la Justicia, más ahora, debe ser entendida como una prioridad, pues tutela las garantías y derechos ciudadanos y permite la reactivación de la economía.
Si gana, ¿cuáles son las prioridades irrenunciables en estos tiempos para la Justicia?
Sevilla es altamente deficitaria en juzgados. En espera de que sean posibles reformas estructurales y de una reforma integral del sistema de justicia, es imprescindible que adoptemos medidas de refuerzo que mitiguen la elevadísima carga de trabajo de los jueces, en ocasiones insoportable. También es importante contar con servicios comunes que funcionan con satisfacción en otras capitales.
¿Qué le parece que el nuevo consejero haya dado por descartada la Ciudad de la Justicia?
La Justicia en Sevilla está harta de esperar, cansada de promesas incumplidas y al límite de su paciencia. Una de las más importantes responsabilidades que incumbe a los cargos públicos es decidir la prioridad del gasto. Sin embargo, tenemos que dejar, primeramente, el altísimo coste que para la Junta representa el pago del alquiler de edificios judiciales y, en segundo lugar, que habría que invertir grandes sumas en las actuales sedes. Creo que la Ciudad de la Justicia puede ser enfocada con determinación y coraje, desde vías novedosas que permitan afrontar su coste, con la implicación de todas las administraciones. Una cosa es que a corto plazo seamos pacientes y otra resignarnos a la situación actual, con sedes, indecentes, insalubres, poco funcionales e indignas.
¿Cree que la reducción de partidos judiciales que propone el CGPJ servirá para agilizar?
Estoy convencido. El mantenimiento de los actuales partidos judiciales es antieconómico. El nuevo modelo creo que contribuiría a agilizar la Justicia, a racionalizar los recursos y a facilitar que todos los partidos dispongan de los servicios básicos de apoyo a la actividad judicial y de atención al ciudadano.
¿La modernización de la Justicia sigue siendo la gran asignatura pendiente?
Desde luego. Hemos asistido al progreso y modernización de otras administraciones y, sin embargo, la Administración de Justicia sigue anclada en el pasado incapaz de ofrecer un servicio público de calidad.
