La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) se ha declarado competente para asumir la investigación por financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana, por el delito electoral en las elecciones locales y autonómicas de 2007 y por falsedad mercantil en los comicios de 2008, el grueso de la trama Gürtel en la comunidad valenciana .
De esta manera, el tribunal valenciano ha acordado en un auto de 62 páginas, contra el que cabe recurso de súplica en el plazo de tres días, acceder parcialmente a la inhibición planteada por el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira.
Además, la sala ha decidido, "en principio, y sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción", no incluir al presidente de la Generalitat, Francisco Camps , al considerar que en la resolución de inhibición y el escrito fiscal en la que se integra "no se le incluye nominalmente" y cuando se alude a él, se hace "de forma más bien accidental".
En cuanto a los delitos, en primer lugar se declara competente para investigar los hechos delictivos relacionados con las elecciones locales y autonómicas celebradas en la Comunidad Valenciana el 27 de mayo de 2007. Estima que estos hechos, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, resultan presuntamente atribuibles a los administradores electorales Luis Bárcenas y Cristina Ibáñez por autoría directa, y por coparticipación a los diputados de las Cortes Valencianas Vicente Rambla -también vicepresidente de la Generalitat-, Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García.
Asimismo, en cuanto a personas no aforadas ante este tribunal nombra a El príncipe y El cantante -individuos no identificados-; a los gestores efectivos de Orange Market SL -Cándido Herrero, Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Francisco Correo y José Luis Izquierdo-; así como a los gestores de las mercantiles Facsa SA; Pavimentos del Suroeste SA; Grupo Vallalba S.; Constructora Hormigones Martínez SA; y Piaf S.L.
Para asumir la investigación de este delito, el TSJCV se basa en un informe de la UDEF, que indica la existencia de una facturación dual de Orange Market al PPCV y la estrecha relación de Álvaro Pérez, administrador de la mercantil, con personas de este partido y de la Generalitat. También se fija en un informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de mayo de 2010, que corrobora "graves irregularidades" en la contabilidad de esta empresa con su principal cliente en 2007, el PPCV.
El tribunal también se declara competente para investigar el delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido en 2008, presuntamente por los gestores de Orange Market; y a los que lo fueron de las sociedades Facsa SA; Enrique Ortiz e Hijos contratista de obras SA; Piaf SL; Lubasa Desarrollos Inmobiliarios SL; Fundación Sedesa; Sedesa Inversiones S.; Sedesa Obras y Servicios S.; y también a El príncipe y El cantante. Igualmente, incluye a las mismas personas aforadas respecto al delito electoral.
Garzón. Por otra parte, el juez Baltasar Garzón ha remitido al Tribunal Supremo (TS) su escrito de defensa de cara al juicio que se celebrará contra él por un presunto delito de prevaricación y otro de vulneración de las garantías constitucionales en relación con las intervenciones telefónicas que ordenó a los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados en prisión, en el que solicita su libre absolución.
