La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer que el Ministerio de Justicia coordinará todas las actuaciones relacionadas con la Ley de Memoria Histórica a través de una oficina, después de que confirmara que el Ejecutivo "colaborará" con las comunidades autónomas y los ayuntamientos en la "protección de los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo".
Al término de una rueda de prensa pronunciada en la sede de la ONU para presentar el Plan Nacional de Derechos Humanos, De la Vega se refirió a las críticas del líder del PP, Mariano Rajoy, quien calificó de "esperpento y ridículo" que el Gobierno intente ahora "endosar" la apertura de las fosas a las comunidades en lugar de centrarse en hacer frente a la crisis económica.
"Nos hemos comprometido a seguir trabajando para apoyar los derechos de las víctimas que sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y de la dictadura", explicó De la Vega antes de anunciar la puesta en marcha de una oficina que coordine todos estos trabajos en el ámbito del Ministerio que dirige Mariano Bermejo. También subrayó que el Gobierno "tiene muy claro cuáles son sus competencias" que marca la ley que aprobó en el Parlamento para "la protección de los derechos de las víctimas", por lo que ahora el Ejecutivo quiere "colaborar" con los Gobiernos regionales y locales.
