Béticos de sentimiento y juristas de profesión. No quieren comprar ni gestionar el Betis, pero "alarmados" por la administración del club se ponen al servicio de las plataformas opositoras para ofrecer asesoramiento jurídico de cara a la próxima Junta de Accionistas o la famosa sentencia de la Audiencia Nacional. Es la Liga de Juristas Béticos.
Cerca de 90 juristas aficionados al Real Betis, pues los hay socios y accionistas, pero también simples simpatizantes, han conformado esta Liga de Juristas Béticos. Ayer se dieron a conocer de forma pública y se puede asegurar que Manuel Ruiz de Lopera tiene otro factor más a tener en cuenta. Hombres de conocida solvencia y calidad profesional se van a poner al servicio de todos los béticos, incluidas las plataformas Béticos por el Villamarín y Por Nuestro Betis, para prestar asesoramiento legal en cuestiones tan importantes para el futuro de la entidad como el convenio urbanístico del estadio o la sentencia de la Audiencia Nacional referida a las relaciones del Real Betis con algunas empresas de Manuel Ruiz de Lopera.
Conviene aclarar para el beticismo militante que esta Liga de Juristas Béticos no tiene ni dinero ni fuerza, ni lo pretende, para presentar una oferta de compra del paquete de acciones de Farusa a Manuel Ruiz de Lopera, pero conviene destacar que su actitud vigilante de la gestión de la entidad puede poner alguna que otra piedra en el camino del máximo accionista, sobre todo en el asunto de la Audiencia Nacional.
Fue Adolfo Cuéllar el que ayer se erigió como portavoz del grupo ante la necesidad de comunicarse con los muchos medios presentes. El jurista adelantó que la Liga de Juristas Béticos ha recibido el encargo de Béticos por el Villamarín y Por Nuestro Betis de analizar la sentencia de la Audiencia Nacional referida a la posibilidad de que Manuel Ruiz de Lopera pudiera haber incurrido en un presunto delito societario. "Hemos recibido este encargo y vamos a comprobar si ha existido delito societario. Si observamos la existencia de esos delitos, serán los tribunales de justicia los que tendrán que actuar, puesto que ejercitaríamos las correspondientes acciones legales", relató Adolfo Cuéllar, quien señaló que si el procedimiento sigue adelante y se demuestra la existencia del delito societario, pueden producirse penas de prisión.
Cuéllar constató que esta asociación "no es un grupo de criaturitas, somos un grupo de béticos que vigilará lo que ocurra en la gestión del Betis, ya sea éste de un grupo catalán, de otro qatarí o del Chupe".
Otro de los aspectos básicos en los que se basará la vigilancia de la asociación es el desarrollo del convenio urbanístico de los terrenos aledaños al Manuel Ruiz de Lopera. En este aspecto intervino José Rodríguez de la Borbolla, ex presidente de la Junta de Andalucía, quien aclaró que "si la plusvalía por la venta de los terrenos excede lo destinado a terminar el estadio, ese dinero debe pasar al patrimonio del Real Betis. No puede existir lucro personal". De la Borbolla aclaró también que el proyecto de recalificación, que ya indica que el dinero obtenido debe ser dedicado a la terminación del estadio, se someterá a una exposición pública abierta a alegaciones.
Conviene recordar en este punto que este diario ya publicó el pasado mes que tal y como aparece en la documentación auditada del pasado ejercicio, el dinero procedente de la recalificación es para el estadio.
