Cuando la profundización en la corta de la mina de Cobre las Cruces fue paralizada, hace más de un año, quedaba muy poco para que la empresa llegara a la veta de cobre. Tan poco que, semanas después de haberse permitido reanudar la excavación, el yacimiento está en condiciones de empezar a sacar el mineral. La producción empezará el miércoles.
La mayor mina a cielo abierto de Europa, que se encuentra en el área metropolitana de Sevilla a caballo entre Gerena, Guillena y Salteras, está preparada para comenzar a producir cobre después de casi dos décadas desde que este proyecto comenzó a gestarse y tras haber pasado por no pocas trabas para su ejecución. La empresa ultima los detalles para dar a conocer cómo se trabajará en el yacimiento desde ahora, después de que diversas fuentes confirmaran a este periódico que el mineral está ya en condiciones de ser extraído para iniciar su comercialización en junio, año y medio después de lo inicialmente previsto.
La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa había exigido a la empresa nuevos condicionantes técnicos y de seguridad para devolverle el permiso para volver al trabajo en un yacimiento que tendrá una vida estimada de 15 años, algo menos del tiempo empleado en su puesta en marcha. Los técnicos de la Junta de Andalucía se desplazaron hasta las instalaciones y verificaron el pasado 7 de abril que todas las medidas exigidas a la mina, además de las planteadas por ésta, habían sido cumplidas, por lo que Cobre las Cruces, filial de Inmet Mining, podía seguir excavando.
Pero no todos los trámites están cerrados. La Agencia Andaluza del Agua expuso a la agencia Europa Press que continúa estudiando el llamado plan global de gestión de aguas, elaborado por la empresa, para restituir la explotación el acuífero Niebla-Posadas mediante un sistema de drenaje y reinyección que garantice que no se contamina.
En este sentido, la multinacional tenía el visto bueno para explotar el acuífero, autorización que fue revocada en mayo de 2008 por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) -ahora es la Agencia Andaluza del Agua la que tiene las competencias- al considerar no solamente que se estaba incumpliendo el sistema de protección, sino que supuestamente se habían contaminado las aguas subterráneas con sustancias tóxicas, lo que llevó a una denuncia de la Fiscalía de Sevilla que sigue su curso.
Esto provocó una paralización de las obras de excavación durante un año, bloqueo criticado por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), que demandó una agilización de los trámites para que se reanudasen las tareas lo antes posible. Tras un auto que verificaba que no había riesgo para el acuífero y presentar un nuevo plan de seguridad, la empresa retomó los trabajos.
proceso. Y es que este proyecto tuvo que enfrentarse a muchas trabas al planear sobre el mismo el fantasma del vertido tóxico que provocó la rotura de la balsa de la antigua mina de Boliden en Aznalcóllar. Para ello, Cobre las Cruces tuvo que depositar como garantía 78,8 millones de euros en avales por si ocurre algo.
La que es la mayor inversión industrial en la provincia de Sevilla -más de 500 millones de euros- está previsto que dé trabajo a 1.500 personas, de las que un millar son durante las obras. Cuando comience la explotación habrá unos 300 puestos de trabajo directos, a los que hay que sumar otros 1.200 indirectos. Se calcula que la mina tendrá una producción anual de 72.000 toneladas de cobre en estado puro (el 25% de la demanda nacional).
Destaca que a la inversión inicial, la empresa sumará otros 23 millones de euros en la puesta en marcha de su plan global de gestión de aguas, un compromiso con el medio ambiente que le exigieron las administraciones tras detectar fallos.
La historia de esta mina se remonta a hace casi dos décadas, cuando la empresa Riomin Exploraciones, subsidiaria del grupo Río Tinto (propietario entonces), solicitó los derechos de exploración, obtenidos en 1992. Dos años más tarde se encontró la veta de cobre.
Entonces comenzaron las investigaciones y trabajos preliminares y también se emprendieron los trámites para ir logrando los distintos permisos necesarios. También se procedió a adquirir los terrenos. Finalmente se hicieron con las 860 hectáreas previstas, y pagaron 20.000 euros por cada una a los pequeños agricultores y algo menos a grandes y medianos propietarios.
Pasado ese primer bache, los que más batalla presentaron fueron precisamente los vecinos de un municipio donde no se ubica el yacimiento pero por donde pasan sus conducciones: La Algaba. Pese a contar con un preacuerdo con el Ayuntamiento de La Algaba para la obtención de la licencia, el equipo de gobierno terminó poniéndose del lado de los vecinos afectados, unidos en una plataforma, llegando a un conflicto que se resolvió en los tribunales. Fue una sentencia que le dio la razón a la empresa en un primer momento, si bien luego fue revocada. Para entonces ya habían comenzado los trabajos en el enclave, tras llegar finalmente a un convenio con el Ayuntamiento de La Algaba para las canalizaciones.
Más tarde llegaron los problemas con la presunta contaminación del acuífero y supuestas perforaciones ilegales, el último gran escollo.
