La resaca del rechazo de la ley Sinde en el Congreso ha dejado varios mensajes claros: que la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, no dimitirá y que el Gobierno buscará otra fórmula que contente a todos los grupos políticos.
Además, en el día después de que la Comisión de Cultura tumbara la ley antidescargas, fuentes parlamentarias del PSOE y del PP confirmaron a Efe las negociaciones de última hora entre ambos partidos para salvar la normativa antidescargas, aunque finalmente no fructificaron por las discrepancias existentes en torno al canon digital.
Una lucha que seguirá encabezando la ministra de Cultura, a pesar de la petición de dimisión llegada desde el PP. "No, no he pensado en dimitir", contestó González-Sinde tras inaugurar una exposición en la Biblioteca Nacional dedicada a la gastronomía.
La titular de Cultura afirmó que trabajará por establecer "un modelo que satisfaga a todos", y consideró que los grupos políticos "están de acuerdo en encontrar una fórmula para compatibilizar los derechos de todos en la red".
El objetivo del Gobierno sigue siendo el mismo, encontrar un marco "que permita a los usuarios disponer de contenidos legales en la red a precios asequibles y que no persiga ni criminalice a los usuarios".
González-Sinde añadió que los creadores son conscientes de que su futuro y su presente depende absolutamente de que haya unas reglas del juego "justas y equitativas" en la red. De lo contrario, "poco a poco perderemos patrimonio cultural, se dejarán de hacer inversiones y sólo tendremos una cultura de 'amateur'".
En este sentido, el presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Teddy Bautista, aseguró que "los principales perjudicados" por el rechazo a la ley no serán los "hombres y mujeres de la cultura", sino "la ciudadanía, que se verá privada a medio y largo plazo de un rico acervo cultural".
Bautista, en un comunicado divulgado por la web de la SGAE, reclamó "explicaciones serenas y respetuosas, pero firmes y argumentadas, de por qué nos quieren privar de unos derechos que están siendo reconocidos en la mayoría de países de nuestro entorno, convirtiendo a España y a los españoles en una anomalía inexplicable".
Por su parte, la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos lamentó la decisión adoptada por el "efecto negativo que supone para la industria cultural, que sufre de manera constante y masiva la vulneración de los derechos de propiedad intelectual".
Tampoco se libró de las recriminaciones el diputado socialista Rafael Simancas, que en un artículo publicado en el diario El País escribió: "Tras el asalto cotidiano a la propiedad de la industria del cine, por ejemplo, no se acaba de comprender por qué nadie plantea el asalto al Mercadona o a Zara".
Por contra, en la web de la Asociación de Internautas celebraban que "la voluntad de la ciudadanía ha terminado de imponerse a las presiones de lobbies, embajadas y gobiernos extranjeros sobre nuestros representantes", y proclamaban que "la sociedad española ha dicho alto y claro al gobierno que no quiere la Ley Sinde".
