El mayor foco de condenas actualmente en la provincia de Sevilla por viviendas ilegales, con medio centenar en los últimos dos años, tendrá un futuro esperanzador para la mitad de sus propietarios. De este modo, el Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos normalizará la situación de un 50% de las construcciones de Las Minas en virtud de los convenios firmados ya con unos 500 propietarios para legalizar su situación en el futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.
El alcalde, Segundo Benítez (PSOE), explicó a la agencia Europa Press que “el plazo para firmar convenios con los propietarios fue bastante bien”, de forma se acogieron al mismo unos 500. La mayoría formalizarán su integración en el plan de normalización en 15 días, mientras que, según aclaró el regidor, a una parte de ellos habrá que devolverle el aval –unos 3.000 por cada 1.500 metros cuadrados– para legalizar su propiedad por encontrarse demasiado aislada. Los propietarios tenían hasta el pasado 30 de junio para unirse, con el fin de acabar con la actual situación de caos de un paraje donde las primeras construcciones en suelo rústico son de los años 60 y en muchos casos no son siquiera segundas residencias.
Con el fin de determinar qué parcelas pueden integrarse en el plan, se está elaborando un estudio que divide por sectores el lugar. De esta manera, aquellos que concentren a un 50% de las propiedades con voluntad de legalización entrarán. Por contra, a aquellos propietarios que queden “aislados”, aunque hayan firmado el convenio, se les devolverá el aval y no podrán acogerse. “Estamos bastante satisfechos”, aseguró el primer edil, quien informó de que se reunirán con la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Andalucía para “ponerle encima de la mesa” el citado plan, que calificó de “pionero e histórico”.
En este sentido, destacó que el equipo de gobierno (PSOE y PP) lleva “tres años trabajando con los propietarios y ahora se están recogiendo los frutos”, y confía en contar con el apoyo de la Consejería de Obras Públicas para sacar adelante un plan que supondrá el “principal desarrollo económico a corto plazo” del pueblo. Sólo en 2009 hubo una treintena de condenas, dentro del frente abierto por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo.
La media de las condenas ronda los seis meses de cárcel, además de una multa y la orden de demolición. Como es el caso de la que cayó sobre dos hombres, identificados como R.M.S. y A.B.J., por tres casetas de ocho metros cuadrados. También a seis meses fueron condenados cada uno de los componentes del matrimonio conformado por J.L.B. y D.G.V., por una vivienda ilegal de 170 metros cuadrados. Igual que M.A.M.G., por levantar sin autorización una cimentación, además de una piscina, un pozo y una fosa séptica. Otro matrimonio, el formado por R.R.B. y D.P.A., fue condenado por una construcción que en la fecha de su paralización, en 2006, ya tenía dos plantas. También estaba empezando a construir un chalé y desobedeció la orden de paralización de las obras J.R.C., y resultó igualmente condenado.
En otro casos, la pena superó los seis meses, como le ocurrió a D.H.H, condenado a un año de prisión por una cabaña de madera, en la primera sentencia que equiparaba estas construcciones con las edificaciones. Y así, un largo etcétera de casos.
