Por primera vez desde que existe registro, el sector del suministro eléctrico se ha colocado en cabeza en las reclamaciones de los consumidores, superando incluso al sector de las telecomunicaciones que tradicionalmente era el más denostado por sus prácticas abusivas.
Ello se debe a la oleada de protestas de los ciudadanos tras la implantación del nuevo recibo mensual de la luz, que ha traído consigo una subida desmesurada según la impresión unánime de los usuarios. La factura eléctrica se ha convertido en el tema de conversación más recurrente estos días en los hogares de toda España. El propio Gobierno ha ordenado a la Comisión Nacional de la Energía que investigue si se está cometiendo alguna irregularidad y en Andalucía la Junta está haciendo lo propio después de confirmar que las eléctricas "se han pasado bastante".
El trasfondo del embrollo estriba en que, al hacer el primer mes un cobro estimativo, en el segundo se cobran consumos de noviembre y diciembre con tarifas de enero, que ya son en torno a un 5% más caras. Las asociaciones de consumidores exigen que se apliquen sanciones y se devuelva el dinero sin necesidad de reclamación. A la vista de esta situación, resulta sorprendente la impunidad con que los prestadores de determinados servicios abusan de sus clientes. Unos céntimos de más por kilowatio se transforman en el cómputo de millones de facturas en una cifra astronómica cuya detracción se resuelve con una multa y la devolución de las cantidades cobradas de más.
Y eso con suerte. Esos millones de usuarios, en cambio, sufren un corte de suministro implacable de un servicio básico si osan incurrir en el más insignificamente retraso en el pago. O soportan apagones sin justificación en los momentos de mayor demanda por los que resulta impensable siquiera aspirar a ser compensados. Una situación de indefensión manifiesta que las administraciones debieran tener en cuenta a la hora de vigilar la aplicación de lecturas estimativas de una más que dudosa legalidad.
