El gobierno local de Juan Ignacio Zoido y los promotores de Gaesco encontraron ayer en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) otro apoyo a su proyecto de revisar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para responder a las demandas de firmas como Ikea. La medida, que fue expresamente rechazada por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, fue defendida por el presidente de la patronal andaluza, Santiago Herrero: “Es una iniciativa que va a generar empleo y riqueza económica. Ikea no pide que se le regale nada, sino que le dejen llevar a cabo un proyecto que va a generar empleo y riqueza económica”. Pese a estas palabras, la multinacional sueca tiene ya terreno para construir su tienda, e incluso llegó a firmar ya un convenio con el Consistorio y a pedir una modificación puntual del documento marco urbanístico, por lo que sólo frena el proyecto su demanda de un aumento de la edificabilidad en 41.000 metros cuadrados, no permitido en el Plan General de 2006.
Esta petición es la que ha abierto el debate político y público que Herrero limitó a una “aversión” al desarrollo urbanístico que, según el presidente de la patronal, provoca “que no se pueda hacer nada por normas limitantes y restrictivas en el peor momento económico para el sector de la construcción”. “Las normas –apuntó el presidente de la patronal– deben poder ser interpretadas por los funcionarios de forma positiva y acomodarse a los intereses económicos del país y de la región”. En el otro extremo, los socialistas volvieron a cuestionar ayer la propuesta de modificar el PGOU en respuesta a las reclamaciones de Ikea. Si el pasado miércoles fue el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, quien subrayó que “no se pueden derogar normas porque uno crea que así se genera más empleo”, ayer fue el portavoz socialistas, Juan Espadas, quien reclamó centrar el debate en el Plan General actual, aprobado en 2006, y abandonar ya planteamientos que impliquen modificaciones estructurales del mismo: “Debemos sacarle el máximo jugo porque hay unos trece millones de metros cuadrados de suelos productivos para poner en marcha proyectos industriales que aún no han sido ejecutados. Concentrémonos en el diálogo social para poner en valor estos suelos sin entrar en revisiones dentro de lo que supone un buen plan de ordenación urbanística”. En cualquier caso, Espadas instó a llegar a un acuerdo entre todas las formaciones sobre el desarrollo del plan de Sevilla.
Mucho más tajante en su rechazo a los planteamientos expresados hasta ahora por el gobierno del PP y por los empresarios, fue la federación sevillana de Ecologistas en Acción. La organización defendió el plan actual y censuró cualquier planteamiento de modificarlo: “Cambiar poco a poco el PGOU rompe un largo esfuerzo de racionalizar la ciudad, siempre en construcción, en beneficio de quienes tratan de colar sus particulares intereses sin pensar en el conjunto de la población (...) Hay demasiados precedentes para no ver, una vez más, al lobo disfrazado de ovejita”.
Los ecologistas son especialmente contundentes en su análisis del proyecto de Ikea en San Nicolás Oeste, junto al aeropuerto. “La empresa ya posee un centro en Castilleja de la Cuesta, donde las infraestructuras de acceso son bastante deficientes. Ahora quiere no sólo los 40.000 metros necesarios para construir el nuevo centro sino una recalificación de más de 100.000 para vender el exceso de edificabilidad a un precio superior al real”.
La propuesta de Ikea llevaba meses encima de la mesa, aunque fue Juan Ignacio Zoido quien, nada más llegar al gobierno, anunció que desbloquearía el proyecto aunque fuera realizando concesiones en el PGOU. De momento, el gobierno local no da fechas sobre la resolución de este conflicto aunque la última palabra sobre este cambio no la tendrá el Consistorio, sino la Consejería de Obras Públicas.
