En Andalucía hay más pobres de solemnidad que en el resto del país. Lo admitió ayer el Gobierno andaluz en el Parlamento. La mayoría de quienes sobreviven con 2.671 euros al año están en la comunidad andaluza.
La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta, Micaela Navarro, indicó ayer que Andalucía se encuentra por encima de la tasa media nacional de pobreza severa, que se establece en el umbral de los 2.671 euros al año por persona.
Según señaló la consejera durante su comparecencia en el Parlamento andaluz, mientras en España la población que vive en el umbral de pobreza severa se sitúa en el 3,9%, en Andalucía es del 4,5%. No obstante, incidió, en lo relativo a la pobreza moderada -5.528 euros al año por persona- y alta -3.836 euros- la comunidad andaluza no alcanza la media nacional.
Navarro destacó que a las familias andaluzas que viven una situación de exclusión social estructural, se han sumado nuevos perfiles "muy diferentes" como consecuencia de la crisis económica, para los que las administraciones deben de adaptar los itinerarios y recursos de inclusión.
En este sentido, afirmó que la coyuntura de crisis económica que se atraviesa en la actualidad, ha impulsado al Gobierno andaluz a situar la política social en un lugar "prioritario, con especial atención a los sectores más necesitados de atención y protección". Desde febrero de 2008 la Junta de Andalucía ha puesto en marcha 48 medidas para impulsar la actividad económica que han movilizado más de 1.000 millones de euros, incidiendo en las causas de la crisis económica o en paliar las consecuencias de la misa sobre el empleo y la renta de las familias, defendió Navarro.
La diputada del PP María Dolores López Gabarro incidió en que en la actualidad "no puede vincularse sólo la pobreza a la población inmigrante o colectivos tradicionalmente vulnerables", ya que han surgido nuevas figuras de exclusión social, como familias trabajadoras que han perdido su empleo y "tienen que acudir cada día a los comedores y servicios sociales de los ayuntamientos". Lamentó el "desbordamiento" que experimentan los servicios sociales desarrollados por los ayuntamientos o los de organizaciones como Cáritas.
Criticó el "retraso de nueve años" que experimenta la puesta en marcha de la futura Ley de Inclusión Social, una "promesa" del PSOE desde el año 2000 que "sigue sin aparecer en plena crisis".
