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La Policía Local activa un protocolo especial de actuación contra ‘gorrillas’

Incluye un procedimiento detallado de intervención para garantizar la identificación del infractor y cómo actuar en el caso de extranjeros

el 11 oct 2012 / 08:33 h.

Un conductor da una propina a un gorrilla en una calle de Sevilla.

La Policía Local de Sevilla ha activado un protocolo específico de actuación, dentro del Plan Especial contra Gorrillas puesto en marcha a mediados del pasado mes de junio, con el objetivo de continuar avanzando en la lucha contra esta actividad.

Se trata del siguiente paso una vez transcurrido el plazo de 3 meses establecido para la fase previa de diagnóstico. Durante este tiempo se ha configurado una completa base de datos en la que se identifican las zonas afectadas por este problema y las peculiaridades de cada una de ellas, con la finalidad de ir adaptando las medidas a cada caso.

En concreto, esta base de datos, a disposición de todos los distritos y unidades policiales y que continuará actualizándose a tiempo real, recoge zonas, días de actividad, número de personas que ejercen, horarios más frecuentes y características de la zona, entre otras observaciones que los agentes consideran de interés.

El protocolo, que se activa hoy, detalla a los agentes toda la normativa aplicable a personas que estén ejerciendo esta actividad en las calles de Sevilla, tanto la Ordenanza para el Fomento y Garantía de la Convivencia Ciudadana en los Espacios Públicos como el Reglamento General de Circulación, que prohíbe a los peatones transitar por lugares no autorizados, y la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Asimismo, se refiere también al Código Penal, que recoge delitos contra la seguridad vial, de desobediencia a agentes de la autoridad y de amenazas, tanto graves como leves, coacción, injuria o vejación injusta.

Asimismo, señala la necesidad de que el agente tome contacto con el ciudadano afectado a una distancia prudencial para recabar la información más completa posible relacionada con el hostigamiento, coacción o amenaza y la cantidad entregada o los daños causados si se produjesen. También deberán tratar de comprobar la residencia habitual del infractor y la posibilidad de que forme parte de un grupo organizado, caso en el que se realizarán las averiguaciones oportunas para iniciar las actuaciones pertinentes.

De igual modo, el plan de actuación prevé el incremento de la presencia policial en aquellas zonas en las que se ha registrado en la fase previa que existe una mayor incidencia de este problema y recoge un procedimiento detallado de intervención para garantizar la identificación del individuo infractor y cómo actuar en el caso de que sean extranjeros. Para esto se ha establecido un protocolo en colaboración con la Brigada Provincial de Extranjería y la de Policía Científica, ambas del Cuerpo Nacional de Policía.

Concretamente, si se trata de un extracomunitario y está documentado, el Centro de Control de Policía Local comprobará si su situación en el país es o no regular para, en caso de que no lo sea, ponerlo a disposición de la Policía Nacional para que adopte las medidas que procedan. En el caso de que no sea posible identificar a esa persona por otros medios podría ser trasladado a dependencias de la Brigada Provincial de Policía Científica para su identificación.

Un Intendente Coordinador velará por la ejecución y grado de cumplimiento del protocolo, además del tratamiento de la información derivada de cada una de las actuaciones y el diseño de nuevas acciones policiales. Éste trabajará también en coordinación directa con la Unidad de Relaciones Sociales de la Policía Local, que hará llegar la información recogida directamente de los ciudadanos a este respecto sobre problemáticas concretas. Se celebrarán reuniones de seguimiento quincenales.

Por otro lado, los agentes que intervengan en cualquier actuación relacionada con la lucha contra esta actividad ilícita informarán a estas personas de los recursos asistenciales y de carácter social de que dispone el Ayuntamiento de Sevilla y se confeccionará un informe con el perfil social, económico y familiar del infractor para remitirlo a la Unidad de Trabajo Social (UTS) correspondiente.

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