La actual portavoz del equipo de gobierno y concejal de Asuntos Económicos en Alcalá de Guadaíra, María José Borge, ha sido imputada por un presunto delito de prevaricación, tras una denuncia formulada por CCOO por la presunta contratación irregular de una empresa para dirigir la política deportiva municipal.
Los hechos denunciados se produjeron el 15 de octubre de 2009, cuando se constituyó la empresa Mudarra Gestión Deportiva, ya que el 6 de noviembre la edil socialista adjudicó de forma directa un contrato por importe de 9.160 euros alegando que era una empresa de "reconocida solvencia profesional y técnica", extremo imposible por carecer la misma de actividad anterior. No obstante, un mes después se resolvió el contrato por "renuncia del adjudicatario".
El juzgado estimó que la concejal socialista no estaba implicada en esta contratación y sí el técnico municipal que había adjudicado el contrato. Pero, tras el recurso interpuesto por el sindicato, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 ha notificado el auto correspondiente el 28 de abril de 2011, mediante el cual se estima el recurso y se acuerda que "prosigan las actuaciones respecto de María José Borge por los trámites del procedimiento abreviado por si los hechos fueren constitutivos de delito de prevaricación".
El procedimiento continuará dando traslado al Juzgado de lo Penal que corresponda para que se celebre juicio oral, en el que inicialmente figuran como imputadas por presunto delito de prevaricación la propia Borge y Juan Antonio Marcos, que es el técnico municipal. Ambos podrían enfrentarse a una pena de entre siete y diez años de inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargo público.
Se da la circunstancia de que Borge, es uno de los pesos pesados de la candidatura del alcalde socialista Antonio Gutiérrez Limones. De hecho, ha ascendido al número cuatro en la lista, por encima de otros que han quedado apeados pese a ostentar responsabilidades en el actual mandato, como los concejales Juan Antonio Burgos, Francisco García o Manuel García.
El Ayuntamiento ha querido dar respuesta a estas acusaciones aclarando que no hay ninguna acusación contra su edil "porque el procedimiento que mencionan determinadas acusaciones está en la primera fase de investigación". Los abogados de Borge manifiestan que la imputación lo que implica es el derecho de defensa necesario en un estado democrático, y que es una cuestión de interpretación jurídica sobre las normas de capacitación y solvencia exigibles al adjudicatario de un contrato menor. Asimismo, insisten en la absoluta legalidad de la actuación.
