Mientras que a Andalucía o por lo menos al gobierno andaluz, no le parece mal la reforma del sistema de financiación autonómica que plantea Solbes, en el que prima el criterio de población, a otras comunidades, unas gobernadas por el PSOE y otras por el PP, no les parece tan bien, precisamente porque ese concepto, el de población, no les es favorable. Así que durante este mes de agosto, mientras el resto de los españoles se lamen las heridas de la crisis, y preparan las vendas para lo que viene, se andan reuniendo para hacer un frente común.
Esto no tiene que sorprender a nadie, porque cuando se trata de repartir dinero, nunca llueve a gusto de todos, más bien a gusto de nadie, y lo lógico es que mire de reojo, no vaya a ser que el otro se lleve lo que uno piensa que le corresponde. Cuando se reanude en septiembre el curso político, esta especie de vela de armas, que se está llevando a cabo en periodo vacacional, se convertirá en batalla declarada.
Es precisamente ahora, cuando los datos de la crisis están asustando a los más valientes, menos al capitán del barco, es el momento en que los argumentos de quiénes defendían que no era este el mejor escenario para abordar la reforma del sistema, se demuestra llenos de razón. Las arcas del Estado están escuálidas, y donde antes había superávit, ahora hay déficit, y se prevé un panorama, en que seguirá bajando la recaudación estatal, autonómica y municipal. Pero, al mismo tiempo, tendrán que subir las prestaciones sociales, sobre todo por la escalada del paro, que puede situarse el año próximo cerca del 15%.
Ante esto, parece un contrasentido que, al mismo tiempo que se plantea una economía de guerra, se siga hablando del reparto de recursos entre el Estado y las comunidades autónomas, porque la negociación no se aborda desde la normalidad, sino bajo la presión de una situación agobiante, teñida por una óptica pesimista. Y, desde luego, no son ésas las mejores condiciones para llevar a cabo una reforma de este calibre.
Es probable que una de las causas para no aplazar el inicio de las negociaciones, haya sido el cumplimiento de los plazos previstos en el Estatuto de Cataluña, lo que ha conducido a que, a estas alturas, la marcha atrás sea ya prácticamente imposible, máxime cuando pronto empezará la discusión de los presupuestos generales.
Ahí el gobierno lo tiene difícil para encontrar apoyos parlamentarios -que le serían negados con toda seguridad por los catalanes, en caso de frenazo de la reforma- que le permitan sacar adelante el proyecto. Así las cosas, y dadas las circunstancias, da la impresión de que, sea cuál sea el acuerdo va a ser de poco pan para hoy y mucha hambre para mañana, o sea la reforma de la desfinanciación.
Periodista
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