La reforma local, aprobada por el Consejo de Ministros el viernes, puede fulminar 40.000 empleos públicos en los ayuntamientos andaluces, según la documentación que los sindicatos han recopilado a través de los municipios y puesto a disposición de la Junta. El director general de Administración Local, Antonio Maíllo, prevé despidos masivos y entiende que la cifra que le aportan los sindicatos es un cálculo muy aproximado con el que la Junta está trabajando.
La pérdida de empleos municipales principalmente en el mantenimiento de colegios, centros de salud y servicios sociales de proximidad, como la atención a mujeres maltratadas es una consecuencia de la pérdida de competencias de los alcaldes en favor de otras administraciones (las diputaciones provinciales y la Junta). El 86% de los consistorios de la región (689) donde residen casi un tercio de los andaluces (tres millones) perderá capacidad de gestión con la nueva norma. La filosofía de la ley es simple: una administración, una competencia, y el objetivo es ahorrar más de 7.000 millones de euros. La reforma local plantea quitar a los ayuntamiento las competencias que más los vinculan y más necesitan los ciudadanos, mientras que fomenta que las competencias públicas más rentables sean privatizadas, criticó ayer Maíllo.
Con la nueva ley, las diputaciones asumirán servicios de 689 municipios de menos de 20.000 habitantes, si no cumplen unos estándares de calidad. Después del demoledor informe que emitió el Consejo de Estado, el Gobierno ha cambiado un aspecto de la ley importante respecto al primer borrador: antes los estándares de calidad los fijaba el Ejecutivo central, poniendo el mismo precio a cada servicio municipal para todos los ayuntamientos (coste estándar). El Consejo de Estado sugirió que esta medida podía ser inconstitucional, porque restaba autonomía a los municipios. El Ejecutivo lo ha cambiado por el coste efectivo, es decir, ahora cada ayuntamiento le dirá al Estado cuánto le cuesta cada servicio, y éste decidirá si se lo deja o si pasa a gestionarlo la diputación (por considerar que la gestión será más eficaz y económica). Esta modificación no ha variado el punto de vista de la Junta, que aún piensa que se atropella la autonomía local.
Otra posibilidad que contempla la reforma es que los pueblos de menos de 5.000 habitantes se fusionen voluntariamente a cambio de incentivos económicos (el Ministerio de Hacienda les inyectará más financiación), una medida que afectaría en Andalucía a 530 municipios (el 68% del total).
Técnicos de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, que dirige el vicepresidente Diego Valderas, están reunidos este fin de semana para elaborar un informe con los efectos definitivos de la ley, que servirá a la Junta para recurrir la reforma local ante el Constitucional por invasión de competencias. Andalucía es la única región que regula la autonomía local a través de dos leyes específicas, blindadas en el Estatuto: la Ley de Autonomía Local (Laula), que regula las competencias exclusivas de los municipios, y la Ley de participación de los entes locales en los tributos de la comunidad (Patrica), que establece la financiación que perciben los ayuntamientos. Las leyes locales fueron aprobadas en el Parlamento sólo con los votos del PSOE. El PP-A votó en contra, y también se opuso IU, que entonces estaba en la oposición y ahora, paradójicamente, está en el Gobierno y gestiona esas leyes.
Los populares rechazaron ayer la campaña de mentiras e intoxicación de PSOE e IU contra la reforma local. El PP-A defiende que la ley no reduce el número de concejales, mantiene las mancomunidades más eficaces y fortalece a las diputaciones, al convertirlas en instituciones cooperadoras con los municipios en la prestación de sus competencias.
