La lentitud de la justicia ya no está tanto al emitir sentencias como al dictar su ejecución o, al menos, así piensa el Fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón. Los juicios rápidos han agilizado los procesos y colapsado más si cabe las ejecutorias pendientes (387.000 en los juzgados andaluces). El ministerio público ha dictado unos criterios de actuación para que las Fiscalías provinciales ejerzan un control sobre las ejecutorias de los juzgados de su territorio.
Aunque valoró medidas correctoras como los planes temporales para que los juzgados trabajen de tarde, García Calderón dejó claro que el retraso en las ejecución no se resolverá con "ayudas puntuales" sino con "soluciones estructurales que requieren incremento de plantillas y reformas tecnológicas y procesales".
Para García Calderón, que presentó ayer en el Parlamento la memoria de 2009 del ministerio público, "las sentencias se dictan muy rápido, pero el problema es la ejecución". Reconoció que "hay sentencias difíciles de ejecutar, sobre todo en los delitos urbanísticos, como las demoliciones, donde se establecen verdaderas pugnas sobre quién debe encargarse", pero también subrayó que aunque "no todo se resuelve con la creación de más órganos", sí son precisas "fórmulas para agilizar".
Su aportación es una instrucción, basada en una experiencia de la Fiscalía de Sevilla y diseñada a partir de las inspecciones en las provincias, para el control fiscal del ritmo de ejecución.
García Calderón aprovechó una vez más su comparecencia parlamentaria para desgranar sus reivindicaciones de medios técnicos y humanos, peticiones que presentará al consejero de Justicia, Luis Pizarro, en la comisión mixta de coordinación que se celebrará el próximo día 15.
Frente al déficit de 1.600 funcionarios judiciales que en su día denunció el TSJA, señaló que "hay que ser realista con las posibilidades" en plena crisis, pero insistió en que sus 450 fiscales necesitan que los 30 refuerzos existentes se consoliden como personal permanente y se aumente su plantilla auxiliar porque "los fiscales están asumiendo funciones de este personal".
Especialmente acuciante es la situación de la Fiscalía Anticorrupción que adolece de "falta de espacio, necesita más personal de auxilio con funcionarios seleccionados" con conocimientos en las complejas materias que aborda y "mayor coordinación con las fuerzas policiales, y eso se puede hacer con herramientas informáticas".
Desde hace años el Fiscal Superior viene denunciando unas deficiencias técnicas que impiden a su departamento elaborar unas "buenas estadísticas" sobre la evolución de la criminalidad que "es fundamental para que el Parlamento sepa dónde incidir".
Eso mismo le lleva a reivindicar un gabinete de comunicación fijo frente a las "soluciones provisionales" ofrecidas por la Consejería, que dijo agradecer pero que resultan insuficientes para "dar un servicio público porque la ciudadanía debe conocer lo que se hace". En aras de esa trasparencia, también reivindicó una asignación presupuestaria separada para la Fiscalía Superior de Andalucía que confió en que aparezca en las cuentas de 2011.
