Hacienda deberá modificar sus previsiones de ingresos tributarios.Las operadoras de telefonía móvil han llevado a los tribunales la nueva ordenanza que aplica un gravamen a las empresas por usar el espacio público. El Consistorio preveía recaudar tres millones.
Las operadoras de telefonía móvil han conformado un frente contra las ciudades que, como Sevilla, han impulsado un nuevo gravamen por uso del "suelo, subsuelo y vuelo" por parte de estas empresas. Este impuesto se ha incorporado este año por primera vez a las ordenanzas fiscales, como un nuevo mecanismo de financiación para unas siempre limitadas arcas municipales.
La medida contaba con el beneplácito de la Federación Española de Municipios y Provincias, aunque en este ejercicio han sido pocas las ciudades que se han lanzado a regular esta actividad, por temor a posibles complicaciones judiciales con las empresas del sector.
Estas dificultades han comenzado ya, una vez que los ayuntamientos han empezado a liquidar el primer trimestre de este tributo. En el caso de la ordenanza de Sevilla, el primer plazo para las operadoras concluía el pasado 30 de abril. Para este día, las compañías debían tener listo un informe con el número de usuarios que sirviera como base para establecer el cálculo del importe que debía pagar cada una de las empresas.
Pero el proceso se ha detenido. Las principales empresas, Telefónica, Vodafone y Orange, han diseñado una campaña contra esta ordenanza a través de la asociación que aglutina a estas compañías desde 2007, Redtel.
Se han planteado una batería de recursos en las ciudades que optaron por establecer esta nueva tasa para invalidarla y retrasar el pago de los recibos solicitados hasta que concluyan los juicios.
Según explicaron desde Redtel, en el caso de Sevilla, la actuación del Ayuntamiento se tratará de detener por dos vías. La primera, con un recurso ya presentado contra la ordenanza fiscal en la que se establece este nuevo gravamen.
La segunda, con una medida similar por vía contencioso-administrativo, una vez que las operadoras reciban las liquidaciones del primer trimestre. En cualquier caso, la intención de las compañías es no abonar cantidad alguna durante el proceso.
En octubre de 2007, esta medida fue una de las principales novedades introducidas por la Delegación de Hacienda en la elaboración de las ordenanzas fiscales para 2008. "Pretendemos acabar con la vacatio tributaria de estas empresas. Seremos los primeros de entre las ciudades de más de 500.000 habitantes que la aplicaremos", apuntó entonces el responsable de este área, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.
El delegado realizó entonces sus primeras estimaciones. El impuesto supondría unos ingresos para el Ayuntamiento de alrededor de tres millones de euros. Esta cifra se obtiene al realizar un cálculo basado en los informes de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones y en una serie de parámetros. Se tendrán en cuenta el número de abonados de cada operadora, la cuota de mercado y el espacio público que ocupan infraestructuras como antenas repetidoras o el cableado subterráneo.
Con esos mismos cálculos, las operadoras estiman que la aplicación de esta nueva ordenanza en más de una decena de ayuntamientos les costará alrededor de 270 millones de euros. Sólo la previsión del Ayuntamiento de Madrid es de recaudar 18,4 millones de euros, tres veces más que en el caso de Sevilla. La consecuencia, según indican desde Redtel, puede ser una subida de las tarifas de telefonía móvil de entorno a un 2%.
Cuando la Delegación de Hacienda aprobó esta normativa y se realizaron los primeros cálculos, el Ayuntamiento era consciente de la confrontación que se abría en ese momento con las operadoras. Ésta ha comenzado precisamente ahora con la liquidación de las primeras facturas.
