Tras dos años de discusiones y una intensa polémica en las últimas semanas, los países de la UE acordaron ayer una nueva legislación para el retorno de inmigrantes ilegales. La norma, excesivamente dura para algunos y demasiado condescendiente para otros, fija en 18 meses el periodo máximo de retención de los extranjeros sin papeles.
El texto establece normas comunes mínimas para la repatriación, que ha sido uno de los puntos más polémicos de la directiva. Actualmente en España, el plazo máximo de retención de inmigrantes irregulares es de 40 días, por lo que el nuevo límite establecido en la norma europea podría parecer excesivo. Sin embargo, en el anterior debate la directiva no recibió luz verde precisamente porque algunos países como Italia la consideraban demasiado blanda.
Nueve países comunitarios -Reino Unido, Suecia, Grecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Irlanda, Malta y Holanda- no tienen ningún período máximo de retención de los indocumentados, por lo que éstos pueden estar internados de forma indefinida. El texto acordado establece, en su versión actual, un período de salida voluntaria de siete a 30 días.
También se fija un período máximo de retención de seis meses, ampliables a 18 meses en casos excepcionales para los indocumentados que no cooperan o cuando hay problemas para obtener la documentación. La directiva comunitaria establece que la retención tendrá lugar cuando haya un riesgo de eludir la acción de las autoridades y debe ser "lo más corta posible" y en centros específicos. También se indica que la retención será decidida y revisada por las autoridades judiciales competentes.
El texto, pactado por unanimidad, debe ser aún aprobado por el Parlamento Europeo, donde le espera la oposición de buena parte de la Cámara, antes de su ratificación final por los ministros de Justicia e Interior el 5 y 6 de junio. Por otro lado, los embajadores de los 27 ante la UE lograron cerrar un texto en el que finalmente no se garantiza a los indocumentados el acceso a asistencia legal gratuita en todo el territorio comunitario.
Por partes. Era el último punto de discordia, la asistencia jurídica gratuita para los indocumentados. Se cerró con una solución salomónica por la que esa ayuda legal se ofrecerá en función de las normas de cada país miembro.
Por ello, la versión final no garantiza dicha asistencia, sino que esa ayuda "puede" darse a los indocumentados de acuerdo a las prácticas nacionales. Además, se acordó incluir una declaración en la que se hace un llamamiento a los Estados miembros a que "dispongan los medios necesarios" para ayudar a los ilegales que carecen de ellos para obtener asistencia legal.
La cuestión de la asistencia jurídica fue uno de los ejes de la oposición de Alemania, Austria y Grecia durante la discusión de la pasada semana, ya que esos países temían el alto coste para sus arcas públicas de un apoyo legal gratuito garantizado. Finalmente, la Presidencia retiró la mención a la obligatoriedad de la asistencia legal gratuita y, tras nuevas discusiones con el Parlamento comunitario para buscar un compromiso y un nuevo debate, se logró el acuerdo.
