El rechazo vecinal a la construcción de la biblioteca del Prado, paralizada por el TSJA, encendió ayer el debate en la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo. Tanto que el tema volverá a discutirse. Eso sí, el ejecutivo europeo dejó claro que no se ha vulnerado la norma comunitaria al modificarse el parque, construido con fondos Feder.
El representante de la dirección general de Política Regional de la Comisión Europea, Alfredo Quintanilla, defendió que el conflicto sevillano debe aclararse en la vía judicial, que es una cuestión "interna" y que no se ha vulnerado ninguna directiva, legislación o norma europea al construirse la biblioteca en los jardines del Prado, financiados con 3,5 millones de los fondos Feder. A su juicio, no hay base legal para decir que un proyecto costeado con dinero europeo no pueda cambiar de uso posteriormente. Por todo ello, Quintanilla invitó a los vecinos a elevar su queja al Ministerio de Economía y Hacienda, pero no a los órganos comunitarios.
Además, indicó que el proyecto de la Universidad de Sevilla no afecta a la legislación europea de adjudicación de contratos públicos. Con todo, la petición de los vecinos, encabezados por la jurista Emilia de la Serna y apoyada por el PP, sigue abierta, después de que algunos de los diputados que intervinieron en el acalorado debate -incluso se tuvieron que posponer otras peticiones- pidiesen que se invitase al Ayuntamiento y a la Universidad Hispalense para que puedan defender su proyecto.
La presidenta de la comisión, la italiana Erminia Mazzoni, cortó el debate entre populares y socialistas y propuso volver a analizar el tema hoy en la reunión de coordinadores de los grupos.
De la Serna, la voz de los vecinos, empezó su intervención - titulada La destrucción del Prado de San Sebastián- defendiendo que el Prado ha tenido uso público desde hace 800 años y que la construcción del parque, en 1994, fue financiada por fondos Feder, por lo que la biblioteca desvirtúa el proyecto medioambiental. Reclamó una "condena moral" de la gestión del Ayuntamiento.
En esa línea, Teresa Jiménez Becerril (PP) afirmó que existe un "clamor popular" en contra de la biblioteca y que es un atropello urbanístico contra el medio ambiente. Su compañero de partido Carlos Iturgáiz subrayó la paralización de la obra dictada por el TSJA y el impacto del edificio.
En contra, el diputado socialista Luis Yáñez sentenció que no se ha talado ni un árbol, que se han trasplantado y que el 90% siguen en buen estado en un vivero. "Los argumentos de De la Serna son falacias y falsedades. No ha habido tala y no se ha citado el verdadero motivo que tienen los vecinos de Diego de Riaño para pedir el derribo: que han perdido la vista desde sus balcones", criticó, tras apuntar que el edificio sólo ocupa un 8% de los jardines. Willy Meyer (IU) y Yáñez coincidieron en pedir que se invite a los promotores del proyecto, Universidad y Ayuntamiento. Miguel Ángel Martínez (PSOE) lamentó que los diputados volviesen a llevar enfrentamientos de ámbito nacional a la comisión.
