La Unión Europea (UE) ha decidido extremar los controles sobre la inmigración y para ello ha acordado limitar su entrada y vetar las regularizaciones masivas. Esta decisión ha sido acogida con satisfacción en el Gobierno español porque recoge sus objetivos.
La UE dio ayer un nuevo paso hacia la puesta en marcha de una gestión de la inmigración más estricta y vinculada a las necesidades del mercado laboral al alcanzar un acuerdo sobre el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo. El Consejo de Ministros comunitario cerró un acuerdo político sobre el Pacto, que será aprobado formalmente en la cumbre de líderes de la UE del 15 y 16 de octubre. El texto, de 10 páginas, limita la inmigración a las necesidades del mercado laboral y la capacidad de integración del país de acogida, con una firmeza total contra los indocumentados y descartando las regularizaciones masivas de ilegales.
Este Pacto, uno de los objetivos prioritarios de la presidencia francesa de la UE, es sólo un compromiso político a partir del cual se deben articular las nuevas medidas de la política común de inmigración que tomarán forma en los próximos años.
El ministro francés de Inmigración, Brice Hortefeux, rechazó que con este Pacto la UE vaya a convertirse en una "fortaleza", pero afirmó que tampoco puede ser un "colador" por el que se pase sin control.
El ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, consideró que el Pacto "es un gran paso" dentro del objetivo de los Veintisiete de "ligar los flujos migratorios al mercado de trabajo" a fin de evitar el tráfico de personas y los abusos que sufren los indocumentados.
Si no se consigue vincular la inmigración a las necesidades laborales se producen una "degradación del mercado de trabajo y una regresión de las conquistas sociales", aseguró.
El Pacto tiene cinco puntos básicos: organizar la inmigración legal según las necesidades y la capacidad de acogida; combatir la inmigración ilegal y expulsar a los irregulares; fortalecer los controles fronterizos; aumentar la cooperación con los países de origen y mejorar el sistema de asilo. "La Unión Europea no dispone de medios para acoger dignamente a todos los emigrantes que esperan hallar una vida mejor", señala claramente el texto.
Por ello, indica que la gestión de la inmigración en la UE debe tener en cuenta la situación del mercado laboral, así como los recursos disponibles en materia de alojamiento, sanidad y educación.
Dentro del objetivo de lograr una inmigración controlada y selectiva, el Consejo de Ministros logró un principio de acuerdo sobre una de las propuestas que pueden comenzar a plasmar en la práctica los principios del Pacto: la creación de una tarjeta azul para atraer a inmigrantes altamente cualificados.
La reunión acordó los principales elementos de esta iniciativa, aunque todavía falta por definir la fecha de entrada en vigor, que no sería antes de mediados de 2011, debido a las reticencias de la República Checa.
La tarjeta azul ofrece ventajas legales y prácticas a los inmigrantes más capacitados procedentes de países extracomunitarios, que actualmente suelen preferir asentarse en EEUU o Canadá, y precisamente el nombre sigue la pauta de la tarjeta verde"estadounidense (aunque el mecanismo legal es diferente).
