- El secretario general de UGT, Cándido Méndez
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social presentó ayer a sindicatos y patronal un documento con las bases de un
nuevo modelo de sistema de formación para parados y trabajadores, que plantea desvincular a los sindicatos de la gestión directa de los fondos para cursos. El plan viene de largo ya se esbozó en la reforma laboral de 2012 pero ahora surge en plena vorágine, cuando sobre los sindicatos y la patronal pesan sendas investigaciones sobre el supuesto uso fraudulento de los fondos de formación para autofinanciarse, adelantó ayer El País.
La dirección nacional de la UGT anunció ayer que está dispuesta a dejar de impartir estos cursos para despejar toda sombra de duda sobre su financiación. Así lo indicó ayer la secretaria de Formación de UGT y presidenta del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), Teresa Muñoz, en un encuentro con medios en el que no ocultó el daño tremendo que ciertas informaciones han hecho en los últimos meses al sindicato al afirmar que se financia de forma irregular con fondos para la formación de parados.
La federación andaluza, cuyo líder dimitió hace dos semanas, focaliza ahora todas las miradas. La Junta le reclama una deuda de 1,8 millones de euros de ayudas gastadas de forma irregular, facturadas a cursos subvencionados, pero invertidas en fines propios (obras en la sede, comidas en la Feria, regalos de maletines falsificados en congresos
) Además,
el Gobierno andaluz está analizando más expedientes por si la facturación dudosa se extendiera a otros pagos y fuera susceptible de un delito penal. Aunque la dirección nacional de la UGT está dispuesta a ceder la ejecución directa de los cursos de formación, plantea también que no renunciará a su papel en el diseño, planificación y gestión de los mismos, asociado a la negociación colectiva, todo ello en el marco de un nuevo modelo de formación adaptado a la nueva realidad del empleo. Gobierno, patronal y sindicatos se han reunido en un par de ocasiones desde el pasado verano para, entre otras cosas, tratar de cerrar los V Acuerdos Nacionales de Formación para el Empleo. Actualmente están funcionando los acuerdos renovados en 2006, que fueron prorrogados en 2010. En este contexto,
el sindicato, de la mano de CCOO, se estaría planteando dar la vuelta como a un calcetín al modelo de formación, permitiendo la concurrencia competitiva para la impartición de estos cursos, que saldrían a concurso público para que pudieran optar centros de formación públicos y privados, además de los agentes sociales. En Andalucía, la Junta fusionó hace dos años la Formación Profesional reglada, que se imparte en los institutos, con la FP ocupacional (los cursos para parados y ocupados). Este modelo se hizo para abrir pasarelas entre ambos sistemas, permitiendo que se retroalimenten, que se convalide experiencia por formación y que los parados o trabajadores de baja cualificación se replanteen volver a estudiar para optar a una titulación académica.
La diputada del PP-A, Alicia Martínez, censuró ayer que la Junta
siga concediendo ayudas a UGT-A por un importe global de 610.000 euros a pesar de que un total de 20 millones de euros pueden estar bajo sospecha de las ayudas concedidas inicialmente al sindicato. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha confiado que los 20 millones en los que cifra el PP el fraude de su sindicato con las ayudas de la Junta de Andalucía no tenga nada que ver con la realidad, y considera que esta cantidad se está barajando a título especulativo.
