Los afectados por el boicot aéreo del pasado día 3 comienzan a hacer un balance de daños y a reclamar las pertinentes compensaciones. La Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo (ACETA) ha sido uno de las primeras y anunció ayer que reclamará unos 100 millones de euros a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), organismo dependiente del Gobierno, por las pérdidas sufridas por las aerolíneas a causa del plante de los controladores aéreos.
En declaraciones a los periodistas tras participar en un ciclo de conferencias en la Cámara de Comercio de Tarragona, el presidente de ACETA, Manuel López Colmenarejo, aseguró que la huelga encubierta de los controladores del puente de la Constitución, que obligó a cerrar el espacio aéreo, hizo que las aerolíneas dejaran de ingresar entre "30 y 40 millones de euros".
La reclamación incluye también las pérdidas sufridas por las compañías aéreas entre mayo y octubre a causa también del conflicto laboral entre AENA y los controladores aéreos, calculadas en 65 millones de euros, "debido al mayor tiempo de vuelo y al gasto de combustible", añadió. Por ello, apuntó que exigirán a AENA el pago de compensaciones que ascienden a unos 100 millones de euros por las pérdidas ocasionadas a las compañías aéreas.
La asociación no descarta acudir a la vía contencioso-administrativa si sus demandas no son atendidas. Las compañías aéreas asociadas a ACETA representan el 78% de los pasajeros transportados en España, suman 30.000 puestos de trabajo, disponen de una flota de 350 aviones, facturan más de 7.500 millones y mueven más de 55 millones de pasajeros.
También Facua-Consumidores en Acción instó al Gobierno a que aclare si AENA se hará cargo del pago de indemnizaciones derivadas del caos aeroportuario que no puedan ser cubiertas, como es previsible que ocurra, con los bienes materiales de los controladores.
Y es que el Gobierno consideró en la sesión de control en el Congreso que los daños causados por los controladores los deben pagar estos trabajadores y no todos los españoles. El protagonismo en este debate recayó en la actuación del Ejecutivo sobre la crisis provocada por los controladores y el decreto de instaurar el estado de alarma.
Desde el Grupo Popular se lanzó una batería de preguntas que tuvieron que responder hasta cuatro ministros. Por parte del Gobierno contestó fue el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, quien indicó que la actuación de los controladores fue un "sabotaje". Para Jaúregui, no fue un conflicto laboral, ni los efectos de una huelga legal o ilegal, sino un sabotaje sobre el espacio aéreo del país, que ha violentado la situación, y por ello son los controladores los que deben responder por los daños causados.
militares en las torres. Más rotundo fue el anuncio realizado por la titular de Defensa, Carme Chacón, quien señaló que el Ejecutivo habilitará a militares para operar en algunos puestos y torres civiles de control aéreo, y actuar en casos de carácter "excepcional", al tiempo que aclaró que no será para que sustituyan a los civiles, sino para que "los civiles hagan su trabajo".
Mientras, José Blanco indicó que "no acepta chantajes" por parte de los controladores y que está dispuesto a aplicar todas las medidas que le permite el Estado de derecho para que no se repitan situaciones como las del pasado 3 y 4 de diciembre.
Ante la situación creada el 85% de los controladores aéreos han firmado una carta de intenciones por la que se garantiza la prestación del servicio de control y están dispuestos a volver a las negociaciones para la firma de un convenio, informó ayer el sindicato USCA. Estas cartas no están condicionadas a que el Gobierno retire o mantenga el estado de alarma, indicó el secretario de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), César Cabo, sino que es una muestra de la "voluntad" negociadora de los controladores que garantizan el servicio de control de forma personalizada. No obstante, la Unión Sindical de Controladores Aéreos añadió que estas negociaciones no se pueden llevar a cabo hasta que se levante el estado de alarma decretado por el Gobierno.
