Este año las ayudas agrarias comunitarias se cobrarán antes. A partir del próximo viernes, los agricultores y ganaderos comenzarán a recibir estas subvenciones, frente al tradicional arranque del día 1 de diciembre, un anticipo que Bruselas aprobó en mayo pasado.
Este adelanto trata de compensar los efectos de la actual crisis económica, el descenso de los precios agrícolas y el encarecimiento de los costes de producción. Sin embargo, en España, y a diferencia de otras naciones socias, el campo sólo se beneficiará de una parte de ese anticipo, habida cuenta de que éste atañe al denominado pago único, que es independiente del volumen de producción, mientras que en nuestro país buena parte de los cultivos y de las ganaderías aún dependen de la cuantía de la cosecha o de la cifra de animales.
Dice la norma comunitaria reguladora del Régimen de Pago Único que los abonos de las solicitudes de ayudas registradas en una determinada campaña han de ejecutarse entre el 1 de diciembre y el 30 de junio del año natural siguiente, aunque contempla también que la Comisión Europea autorice a los estados miembros a realizar anticipos a partir del 16 de octubre del ejercicio en que se han presentado tales peticiones.
Ante la crisis de precios agrarios y las movilizaciones generalizadas en todo el campo europeo, y capitaneadas por los productores lácteos, Bruselas decidió extender a todos los países el citado adelanto, aunque no liberará todo el volumen de la ayuda, sino sólo el 70% del pago único.
El Ministerio español de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino adoptó tal resolución, y conminó a las comunidades autónomas a actuar con celeridad para que en octubre los agricultores vieran en parte aliviados sus bolsillos.
Son 890.000 las personas que se beneficiarán en el conjunto del país (casi 300.000 en la región andaluza) con un desembolso total de 2.440 millones de euros, según los cálculos del departamento de la ministra Elena Espinosa. El presupuesto anual que Bruselas asigna a España ronda los 6.681 millones de euros (1.830 millones para Andalucía y unos 530 millones en el caso de la provincia de Sevilla).
Buena parte de esa gran diferencia entre la cifra del adelanto y el volumen total de ayudas que se captan obedece a dos razones. La primera, que el anticipo es para el 70% de la ayuda, el 30% restante se dará cuando corresponda entre finales de 2009 y hasta el otoño de 2010.
Por ejemplo, en el caso de Andalucía, cuyo organismo pagador es el Fondo Andaluz de Garantía Agraria (FAGA), adscrito a la Consejería de Agricultura y Pesca, se aplicaría ese porcentaje al 70% de los aproximadamente 1.222 millones de euros que llegan en concepto de pago único, y para Sevilla sería idéntica operación sobre 281 millones de euros.
Por tanto, estaríamos hablando de que el departamento de la consejera Clara Aguilera tendrá que liberar con prontitud 855 millones, de los que 197 millones corresponderían al agro sevillano.
La segunda explicación radica en que en España existen numerosos cultivos y producciones ganaderas cuyas subvenciones dependen, en parte, de los volúmenes cosechados o cifra de cabezas (son las que, en el argot agrario, se llaman ayudas acopladas).
Esto supone, según fuentes de Asaja de Sevilla, que el campo español no pueda beneficiarse en igual medida que el resto del europeo, pues otros muchos países desistieron hace tiempo de las ayudas acopladas (a la producción) y generalizaron el pago único (su importe no varía cada año, sino que es fijo y calculado sobre las cosechas o ganados que se tuvieran en un determinado periodo de referencia).
No en vano, la patronal agraria es, desde la última reforma de la PAC, que inauguró ese régimen de pago único, la más firme defensora de que éste se extienda a todas las producciones, y que con el dinero recibido el agricultor planifique qué quiere hacer, si sembrar o no sembrar, si sembrar este cultivo o sembrar aquel otro, e igual el ganadero.
Poco a poco, otras organizaciones agrarias se van sumando a este planteamiento que, por otra parte, simplificaría la tramitación de las subvenciones.
