Las guardias de los juzgados de Violencia están en entredicho a dos días de ponerse en marcha, no por la huelga de funcionarios, sino porque el BOE aún no ha publicado la orden ministerial que ha de determinar la plantilla de los mismos. De momento, sólo se sabe que comenzará el servicio el juzgado número 3.
El próximo 1 de enero, es decir, dentro de dos días, debe entrar en funcionamiento el nuevo servicio de guardia de los juzgados de Violencia sobre la Mujer. Sin embargo, el estreno no parece estar tan claro cuando a escasas 48 horas la orden del Ministerio de Justicia, con la dotación de personal de las guardias, no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El plazo se agota y ya solamente es posible que se publique hoy mismo o, como muy tarde, mañana, con la premura e improvisación que eso supondría para el servicio.
¿El motivo de la demora? Ésa es la pregunta del millón. Hay dos respuestas posibles y probables: o bien que al Ministerio de Justicia se le ha echado el tiempo encima, o que el retraso sea culpa del servicio de publicación del BOE, dependiente del Ministerio de Presidencia. Los sindicatos aseguran que se debe a que en Justicia "se han dado cuenta de que el volumen de asuntos es mayor del que la consejería dice" y que, por tanto, "se han vistos obligados a rectificar el número de funcionarios para este servicio", según apunta Ildefonso Torralba, portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ). Su visión no es compartida en el ministerio.
Precisamente, la dotación de plantilla para el servicio de guardia es lo que ha originado la huelga indefinida que desde el 27 de noviembre mantienen los funcionarios de los cuatro juzgados especializados en la materia en Sevilla. La intención de la Consejería de Justicia de la Junta, que tiene las competencias en cuanto a dotación de personal y medios materiales, es que las guardias sean cubiertas por cuatro funcionarios, en lugar de los diez habituales.
Los sindicatos consideran que esta dotación es "insuficiente" para "solventar la gran cantidad de asuntos que entran", afirma Luis Calero, portavoz de CCOO, ya que no sólo son los detenidos, sino que también hay que resolver las solicitudes de órdenes de alejamiento y los juicios inmediatos. Por este motivo, Calero discrepó de las cifras ofrecidas por la consejería, que asegura que los expedientes no pasan de los 740 anuales, frente a los más de 2.000 que recuentan los sindicatos. "Si comienzan las guardias con cuatro funcionarios, pronto se verá que los datos de la Junta son erróneos", sostiene Calero.
Así, mientras la solución a la huelga está enconada porque no se ha convocado ninguna reunión por parte de la Junta con los sindicatos, los funcionarios siguen sin contar con la orden ministerial en la que se debe recoger el número de funcionarios que estarán en las guardias.
La Consejería de Justicia se ha escudado todo este tiempo en que la decisión de que las guardias en Sevilla fueran con la mitad de la plantilla es del ministerio -que es el que lo propuso en la mesa sectorial en Madrid- y que, por tanto, la negociación debe llevarse allí.
De hecho, en estos dos días puede darse la sorpresa de que el ministerio recoja finalmente que las guardias la haga toda la plantilla, con lo que la huelga ya no tendría sentido. Las otras opciones pasan por que se confirme que sólo serán cuatro empleados o que la orden no llegue a tiempo y que el juez se vea sólo en la guardia, ya que los magistrados sí cuentan con la orden del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La primera guardia la hará el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3, donde los funcionarios se han coordinado para fijar turnos ante el "descontrol". Por su parte, fuentes de la Consejería de Justicia explicaban ayer que hasta que no se publique en el BOE la orden no van a organizar las guardias.
