El PP, a través de su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, deseó ayer –un año después de que se destapara la trama corrupta – que el secreto de sumario del caso Gürtel se levante “lo antes posible”. Pero Pons parece haber olvidado que la última vez que el juez del caso en Madrid, Antonio Pedreira, alzó el secreto, a los populares se les vino el país encima. A finales de septiembre del año pasado, Pedreira entregó a las partes un DVD con 17.000 folios que hicieron temblar los cimientos populares y avalaron la tesis de que el partido se financió ilegalmente al menos en Galicia y Valencia. Un año después de que se destapara la trama –el 6 de febrero de 2009 la Audiencia abrió la investigación– aún quedan bajo secreto dos tercios del sumario.
Ayer, para celebrar el aniversario, González Pons denunció que el Gürtel no es una trama de financiación irregular de su partido, sino una red de financiación de particulares a costa del PP y calificó de “injusticia” lo que le ha pasado a su partido durante este año. Injustamente o no, lo cierto es que en estos 12 meses el caso de corrupción ha sacudido los cimientos populares, ha abierto nuevas brechas internas, ha puesto en la picota a uno de los barones más emblemáticos de la formación y ha dejado en cuestión una vez más el liderazgo de Mariano Rajoy.
Sea cual sea el daño que la apertura del resto del sumario –prevista en principio para marzo– haga al PP, lo que está claro es que hay varias preguntas sin respuesta en esos folios. 40.000 páginas con cuya publicación el juez Pedreira pretende aclarar algunas incógnitas de las cuales depende el futuro de Francisco Correa –cabecilla de la trama– y de Pedro Crespo, los dos únicos imputados en el caso que siguen encarcelados. También está en juego la reputación de dirigentes como Francisco Camps, ya que el archivo de la causa contra él está recurrido y Ricardo Costa, suspendido “temporalmente” de sus funciones en el partido y en el Parlamento valenciano.
Junto a ellos, están pendientes del alza del sumario varios ex alcaldes populares, ex diputados, el ex tesorero popular Luis Bárcenas y así hasta más de 70 imputados. La investigación está llamada también a despejar, entre otras incógnitas, dónde está el dinero desviado por la red corrupta, hasta cuántas comunidades gobernadas por el PP están salpicadas por la trama y si hubo financiación ilegal del partido.
¿Habrá nuevos implicados en la trama?
571 personas han sido, hasta ahora, imputadas en el caso Gürtel. Entre ellas hay 17 que en algún momento tuvieron un cargo en el PP y que se enriquecieron a costa de la trama. Entre esas 17, a su vez, hay cuatro ex alcaldes madrileños y tres ex diputados del PP. Cuando el juez dejó ver 17.000 folios del sumario, aparecieron nombres nuevos como el de Rosalía Iglesias, la mujer del ex tesorero Luis Bárcenas. Asimismo, salió a relucir el nombre de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar que encargó a las empresas de la trama muchos de los actos de su suegro. Por ahora no está imputado.
¿Qué pasará con Camps?
La implicación del presidente valenciano, Francisco Camps, en el caso, ha sido lo más comentado y lo más escandaloso para el PP a lo largo de este año de investigación. El 20 de mayo del año pasado el líder del PPCV compareció ante el juez y el 3 de agosto de 2009 el TSJ de Valencia archivó la causa contra él y el entonces secretario general del PP regional, Ricardo Costa. Sin embargo, ese mismo día la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega anunció que la Fiscalía recurriría el archivo ante el Supremo. Y así lo hizo a principios del pasado octubre. Camps ha sido el único dirigente popular relacionado con la trama que no ha perdido su cargo ni su militancia. Si el TS estimara aceptar el citado recurso, el dirigente popular se enfrentaría a una acusación de cohecho impropio, por aceptar trajes de la trama por valor de unos miles de euros.
¿Hubo financiación irregular en el PP?
Según los 17.000 folios del sumario que ya son públicos, es probable que la hubiera. Pero el PP no se lo cree y los 40.000 folios que quedan deberán confirmarlo o negarlo. Hay indicios de financiación irregular en Galicia y Valencia, por ahora. Concretamente en Valencia, un informe de la Brigada policial de Blanqueo apunta que no se trata sólo de algunos trajes, sino que constata la existencia de una doble contabilidad y a la existencia de facturas falsas a cargo del PPCV. Dicho montaje de financiación irregular, según el documento de la Policía, estaba amparado y dirigido por Camps y Costa. La Sala de lo Penal del TSJ valenciano, presidida por Juan Luis de la Rúa –amigo del president– se ha negado a investigar este supuesto delito. Rajoy ya ha adelantado que no dimitiría aun en el caso de que se destapara la financiación irregular en su partido.
¿Cuál será el destino de Bárcenas?
El senador por Cantabria Luis Bárcenas dejó su cargo como tesorero del PP el 28 de julio del pasado año. En marzo de 2009, el juez Baltasar Garzón le acusó de recibir 1.353.000 euros de las empresas de Correa. Pese a que Rajoy lo niega una y otra vez, no está claro si en algunas de las operaciones sospechosas desveladas Bárcenas manipuló dinero del partido. En esas operaciones reside la sospecha de que la financiación irregular del partido afectara al partido a nivel nacional y no sólo al PPCV y al gallego. El partido le está pagando la defensa y le mantiene en su despacho.
¿Donde está el dinero desviado por la red de corrupción?
En julio de 2009, el juez instructor del Gürtel en Madrid ordenó la práctica de 15 comisiones rogatorias a diferentes países para investigar el destino del dinero supuestamente desviado por la presunta trama de corrupción ligada a cargos del PP. Entre los países a los que, posiblemente, fue enviado el dinero de la trama, están Suiza, Mónaco, Reino Unido, Estados Unidos y Panamá, pero todo lo referente a este asunto está aún por confirmar en el resto del sumario. Hasta ahora, la investigación ha desvelado que el ex secretario de organización del PP de Galicia Pablo Crespo –el segundo de la trama– dio instrucciones desde la prisión de Soto del Real para ejecutar los fondos de la organización en Suiza.
¿Qué pasará con las empresas enredadas en la trama?
En marzo del año pasado, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón comenzó los trámites para poner bajo control judicial a 12 de las 23 empresas de Francisco Correa. Entre las más importantes están Special Events, la principal compañía del entramado, que se dedicaba a la organización de actos del PP; y la propia Orange Market, filial valenciana de la red. También se vieron implicadas Pasadena Viajes, la agencia que hasta 2004 preparaba los viajes del partido; y varias empresas de servicios como Osiris Patrimonial, Inversiones Kintamani, Good & Better y Diseño Asimétrico. Sus cuentas ya están siendo inspeccionadas y sus sedes han sido registradas, pero su destino final está aún por decidir. Con ellas contrataron José María Aznar, Juan Alberto Belloch o Esperanza Aguirre. Orange Market regalaba los trajes a Camps.
¿Cuándo terminará la investigación y quiénes serán juzgados?
Después de un año de instrucción, nada se sabe acerca de quiénes y cuándo serán juzgados por los posibles delitos de prevaricación, cohecho, fraude o tráfico de influencias, entre otros. De los 71 imputados hasta ahora, sólo dos –Correa y Crespo– continúan encarcelados y la apertura de la segunda parte del sumario ha sido retrasada ya dos veces, la última de ellas hasta marzo de este año. Ni siquiera se sabe si el sumario será abierto en su totalidad. El TSJ de Madrid, el de Valencia y el Tribunal Supremo han colaborado en la instrucción de una causa que a día de hoy sigue rodeada de confusión e informaciones contradictorias, pese a que ya se han escrito casi 60.000 folios sobre el caso. Durante la investigación, el método de las escuchas telefónicas –muy cuestionado en los últimos meses– ha sido el que más frutos ha dado, sobre todo cuando se ha aplicado directamente en prisión a conversaciones de Correa y Crespo con sus abogados. Pese a que ya ha pasado un año, nada se sabe sobre un eventual juicio a los imputados.
¿La red se extenderá a otras regiones?
Al principio fue Madrid y después Valencia (la comunidad más gravemente herida por el caso de corrupción). Ocho meses después de destaparse el caso, cuatro regiones gobernadas por el PP habían sido alcanzadas por la trama y una más salpicada por la investigación. En Galicia, los instructores de la causa descubrieron que entre 1996 y 1999 hubo ingresos en el partido “sin especificar” su origen, mientras que en Castilla y León un informe policial desveló adjudicaciones urbanísticas “amañadas”. En Andalucía, si bien el juez no observa irregularidad, se sabe que Javier Arenas estaba al tanto de las reclamaciones de dinero que la trama hacía al PP a través de cartas. Comenzaron siendo dos comunidades y ya son cuatro. Sólo Pedreira sabe si hay más...
¿Cómo afectará la apertura de la otra parte del sumario a Rajoy?
En septiembre de 2009, la apertura de un tercio del sumario de la causa causó un aluvión de reacciones, muchas de ellas pidiendo la dimisión de Camps y Costa (el segundo acabó siendo cesado). Rajoy se vio obligado a decidir: Con Camps, aun con el riesgo de que algún día tenga que sentarse en el banquillo, o sin él. Decidió respaldar a su barón y, por ahora, la estrategia le ha resultado. Sin embargo, durante este año el Gürtel ha dado al líder popular donde más duele, ha cuestionado –una vez más– su capacidad para liderar el partido y mantenerlo unido, especialmente en los feudos como Madrid y Valencia. Aparte del lío interno, lo que queda por saber sobre la trama influirá más que probablemente en el comportamiento de los votantes del PP en 2012.
