"Quiero darle las gracias a Ángel y a esta muchacha, que es quien me está ayudando". Laura habla de Ángel Monge, director de Otainsa, la Oficina Técnica de Atención al Inquilino en Situación de Abuso. Hasta ayer mismo ella era uno de esos inquilinos en evidente situación de abuso. Ahora cuenta con las llaves de uno de los pisos del parque social del Ayuntamiento.
"El primer condicionante para acceder a una vivienda social es el de ser arrendatario y haber perdido la vivienda por causas no imputables al inquilino", explica Monge. La orden de desahucio inminente que pesaba sobre Laura hacía que cumpliera con ese requisito.
"Esta muchacha" a la que se refiere Laura en su agradecimiento es su amiga Vanesa. "La conocí porque trabajaba enfrente", cuenta ella. "Es una gran persona, pero la vida no le acompañaba". Y con este pero surgen el segundo y el tercer condicionante, necesarios para acogerse a una vivienda de Otainsa.
"Los ingresos han de ser inferiores al 1,5% del IPREM", unos 798 euros este año, según Monge. Y luego están los baremos: "Tienen preferencia los mayores de 65 años y los menores de esa edad con carga familiar, sobre todo mujeres solteras o separadas con hijos menores", continúa. Pero Laura no se acoge a ninguna de estas categorías. De hecho, pertenece a la última de las que enumera Monge, la de las personas "solteras con alguna particularidad".
Laura padece una discapacidad física del 80%, un hecho que se agrava con la circunstancia de que vive sola. "Cuando fui a su casa por primera vez me quedé sorprendida: estaba limpia, impecable", prosigue Vanesa. "Ella intenta tirar sola". Pero al impedimento presente en su día a día se le suma un panorama económico que no entiende de debilidades. "Ya estábamos mirando albergues", explica su amiga, "pero es que ese no era sitio para ella".
El que sí parece ser un hogar oportuno para Laura es el apartamento entregado ayer. "Son viviendas de calidad y muy dignas", dijo en defensa de estas viviendas Antonio Rodrigo Torrijos, el delegado de Infraestructuras para la Sostenibilidad.
Por ellas, sus inquilinos sólo tienen que pagar el 5% de sus ingresos, en torno a los 10 euros mensuales. "La rentabilidad es social y no económica", añadió.
Otainsa ha adjudicado 120 viviendas en tres años, una cantidad insuficiente. "Los mayores de 65 años sí están cubiertos", alega el director de la oficina, "pero hacen falta muchas más viviendas". Un gran impulso para ello se encuentra en el 5 y 6 de la Encarnación, de donde se esperan sacar 31 viviendas más: "Estamos luchando por incluir su reforma en los Presupuestos", acaba Rodrigo Torrijos.
