El eterno debate sobre prohibir o regularizar la prostitución es casi tan antiguo como el oficio más viejo del mundo y las posturas están tan divididas que ningún gobierno español se ha atrevido a legislar. Los ayuntamientos -al albur de la presión vecinal- han tomado la iniciativa con ordenanzas que multan la práctica, ofrecimiento y demanda de servicios sexuales en la calle. En la práctica, las prostitutas no han desaparecido de las calles sino que se ha trasladado. Los vecinos siguen quejándose aunque cambian los que protestan. Y las multas, de hasta 3.000 euros y que las normas prevén destinar a ayudas sociales para el colectivo, rara vez se cobran porque las prostitutas suelen ser insolventes. Pese a ello, cada vez más ciudades se apuntan a lo que algunos ven como una "moda" que busca calmar a los vecinos en época preelectoral.
En Andalucía, El Ejido (Almería) fue de las primeras, a finales de 2008, y ahora se ha incorporado la capital almeriense, que ya tiene un borrador y prevé aprobar el texto definitivo este primer trimestre, al igual que El Puerto de Santa María (Cádiz) o Sevilla, donde se calcula que entre en vigor en junio. La mayoría de las ordenanzas tienen un periodo transitorio en el que la Policía apercibe pero no multa.
Granada, donde la ordenanza se aprobó en noviembre de 2009, ya pasó el periodo de indulgencia y en 2010 se impusieron 466 sanciones: 352 por ofrecer servicios sexuales, 65 por demandarlos y 49 por practicar sexo en la vía pública. La prostitución se concentraba en el polígono Almanjayar y, según reconoce el portavoz de la Policía Local, José Manuel Fernández, "el problema empezó cuando con la crisis comenzaron a trabajar a cualquier hora del día, porque es una zona con muchos colegios". Ahora se han mudado a las localidades limítrofes de Puriana y Maracena. Pero Fernández considera el objetivo cumplido, que no era "erradicar la prostitución, sino quitar las prácticas sexuales de la calle y a plena luz del día". Hay más sanciones a prostitutas que a clientes porque éstos tienen medios para pagar y se esconden más mientras que "a ellas no les importa porque son insolventes". Sí reconoce que lo de reinvertir las multas en ayudarlas a dejarlo "es muy difícil y menos en crisis. Es una forma fácil de ganar dinero rápido y muchas rechazan empleos peor pagados o alquilar pisos para ejercer".
Málaga estrenó en diciembre su ordenanza, que prohíbe la práctica sexual, pagada o no, pero sólo a menos de 200 metros de zonas comerciales, residenciales, colegios o parques. La prostitución se concentraba en el Polígono Gualdalhorce y en la céntrica Alameda y aunque la norma lleva solo un mes en vigor y aún no se está sancionando, el acoso policial ha llevado a las prostitutas a mudarse a un descampado en Arraijanal, entre las vías del tren y a 500 metros de un centro comercial. Los vecinos de allí ya han iniciado las movilizaciones, y el propio alcalde, Francisco de la Torre, reconoció la dificultad de contentar a todos e incluso abogó por una normativa estatal para legalizar la prostitución.
Esta es la postura que defiende Pro Derechos Humanos (APDH), que diferencia el delito perseguible de la explotación sexual del ejercicio libre de la prostitución entendida como "ofrecer sexo a cambio de dinero, que no es ilegal, solo va contra nuestra moral", dice Estefanía Acién.
Defiende que si fuera un trabajo regularizado sería más fácil distinguir quién es coaccionada y quien no. Y reclama legislar hablando con ellas "para ver qué necesitan y no pretender salvarlas dando por hecho que son víctimas, además con el dinero que sacan de multarlas".
La persecución policial, alega Acién, sólo lleva a que se vayan a sitios más aislados donde corren más riesgo y a que vean en la Policía "a un enemigo y no a quien acudir si tienen problemas".
Y pese a que es la presión vecinal la que ha forzado las ordenanzas, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos (CAVA), Antonio Viruéz, reconoce que "trasladar los problemas de un barrio a otro no es la solución" y alerta con arrinconar a las prostitutas en sitios peligrosos para ellas porque "no son animales". Para Viruéz, algunas ordenanzas dan potestades a la Policía Local que "incluso plantean dudas sobre los derechos individuales y quién controla al controlador".
