Ni los recursos ante el Tribunal Constitucional por tijeretazos anteriores han frenado al Gobierno central para el nuevo que, aprobado el pasado viernes, aplicará a las ayudas a la energía renovables. La industria energética verde, frenada. 
Planta solar fotovoltaica (una de las tecnologías renovables afectadas por los nuevos recortes) en la provincia de Granada. / JUAN FERRERAS (EFE)
Desde la Consejería de Economía se acusa al Gobierno de Mariano Rajoy de «poner en jaque» la apuesta andaluza por las energías renovables al aprobar una legislación sobre primas que implica un cambio radical en el tratamiento retributivo» de la electricidad verde generada.
¿En qué consiste el cambio? Hasta ahora, las renovables (termosolar, fotovoltaica, eólica, cogeneración, etcétera) cobraban una ayuda pública que, en opinión del Gobierno andaluz, se justificaba por el carácter «eficiente y limpio». A esa prima estatal, se agregaba la lógica retribución por la venta de la electricidad en el mercado, al igual que el régimen ordinario (tecnologías tradicionales de generación). Y con la nueva normativa, desaparece la consideración especial y toda la generación es ordinaria, otorgando a las renovables una «rentabilidad razonable» durante la vida útil de cada planta.
El impacto nacional, medido en reducción de ingresos, será de 1.700 millones de euros anuales, según los datos del departamento dirigido por José Sánchez Maldonado. «Junto con las reducciones de ingresos provenientes de otras normativas anteriores, pone en serio riesgo la supervivencia de una parte importante de las plantas en operación, ante la dificultad de éstas para poder devolver el servicio de la deuda pactada» con la banca.
El traslado de esas pérdidas a Andalucía sería de 328 millones, según el cálculo elaborado cuando, hace unos meses, se conoció el borrador del real decreto aprobado definitivamente el pasado viernes. Estaríamos hablando, pues, de un recorte estimado en un 11 por ciento. El impacto sobre el empleo se cifra en 4.000 puestos de trabajo, sin contar con los proyectos frenados o paralizados. Más pesimista, la patronal Aprean, que estima en 400 millones de euros el tijeretazo. A juicio de la Consejería, existe un claro carácter retroactivo en esta legislación energética nacional puesto que «cambia las condiciones económicas de unos proyectos que se cerraron con la banca en unas condiciones de ingresos muy distintas a las pactadas con la norma en vigor en el momento de materializar el préstamo». ¿Qué supone además? La existencia de «una evidente inseguridad jurídica» al faltar el respeto a las regulaciones energéticas anteriores sobre las que se edificaban las inversiones en renovables. Es más, se incorpora la posibilidad de «modificar la rentabilidad de dichas plantas cada seis años, y la de los parámetros retributivos, cada tres».
La Junta de Andalucía da por hecho que habrá una auténtica parálisis en la construcción de nuevas plantas en una comunidad autónoma que ha considerado prioritaria la generación verde dentro del mix energético regional. De hecho, un tercio de la generación eléctrica regional es renovable, siendo 6.100 los megavatios de capacidad instalada. En cartera, otros 4.000 MW (950 proyectos) con inversiones de 11.700 millones.
La admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional de los recursos presentados por la Junta de Andalucía y de Extremadura en contra de varias disposiciones anteriores (de 2013) que también recortaban las primas no ha servido para que el Ministerio de Industria se eche para atrás en el nuevo tijeretazo. Precisamente ayer, el presidente extremeño, José Antonio Monago (PP), advirtió al ministro del ramo, José Manuel Soria, de que «no voy a permitir que nadie frene nuestro desarrollo industrial. Nadie va a condenar a esta comunidad a ser una reserva india ni un parque temático». Y es que se juega 200 millones de euros anuales.
