Una mujer británica a la que en 1995 se le diagnosticó esclerosis múltiple ha perdido la batalla legal que promovió para que la Dirección General de Delitos Públicos clarifique su posición sobre la ayuda al suicidio asistido para enfermos terminales, ya que la Justicia ha considerado que cualquier pronunciamiento implica un cambio legislativo que competería al Parlamento.
La iniciativa de Debbie Purdy, de 45 años, ha supuesto un hito en la historia judicial de Reino Unido, ya que es la primera acción formal presentada en relación a la asistencia a la eutanasia y responde al interés de la mujer en determinar si su marido podría ser imputado en caso de ayudarla a viajar a alguno de los países en los que esta práctica está autorizada.
A la salida del tribunal, Purdy se mostró "muy decepcionada" por el fallo judicial, que pese a reconocer "gran cercanía" tanto por su caso como el de "todos aquellos en una posición similar", subrayó que la demanda "implicaría un cambio en la ley".
"El delito de suicidio asistido presenta un plano muy amplio para que abarque todos los supuestos de circunstancias diferentes", recordaron el juez lord Scott Baker y el magistrado Aikens, quienes añadieron que "implica un cambio en la ley y sólo el Parlamento puede hacerlo".
Sin embargo, los abogados de la muje alegaron que la incertidumbre en torno a la posibilidad de que exista una acusación en un caso como éste sitúa a la Dirección de Delitos Públicos fuera de la Convención Europea de Derechos Humanos, que en su artículo ocho regula sobre el respeto a la vida privada y familiar.
