Los adjudicatarios de una promoción de 583 viviendas de protección oficial (VPO) junto al Polígono Aeropuerto de Sevilla Este que el pasado 28 de enero iniciaron una acampada indefinida ante el Palacio de San Telmo para reclamar a la Junta su intervención para concluir las obras de sus casas, cuya finalización estaba prevista para el tercer trimestre de 2010, han levantado su asentamiento después de tres semanas para dar un "voto de confianza" al Gobierno andaluz.
Los vecinos han tomado esta decisión después de que el director general de Vivienda de la Junta, Antonio Ibáñez, remitiese el pasado viernes una carta a la presidenta de la Sociedad de Gestión de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb) , Belén Romana, solicitándole una reunión que contribuya a "desbloquear a la mayor brevedad" la finalización de estas viviendas, que fueron financiadas por Caja Madrid y que han pasado a constituir uno de los 'activos tóxicos' del 'banco malo'.
Así lo ha explicado a Europa Press una portavoz de la asociación 'Isbylia 583VPO', en la que se integran las personas que iniciaron la acampada, quien ha añadido que tomaron la decisión este sábado para dar "un voto de confianza" al Gobierno andaluz y un "margen de tiempo" mientras se obtienen los resultados de la auditoría encargada por la Sareb sobre estos pisos.
No obstante, los adjudicatarios continuarán realizando movilizaciones ante San Telmo los martes, coincidiendo con la celebración de los consejos de Gobierno, para "hacer notar que están esperando". "Tenemos cierta esperanza, pero llevamos más de dos años escuchando palabras y queremos hechos", ha manifestado la portavoz.
CAMBIO DE OPINION
Los vecinos han cambiado así su posición respecto a la semana pasada, cuando abogaban por mantener la acampada tras mantener una reunión que calificaban como "decepcionante" con representantes de los promotores de estas viviendas --la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)--, y de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.
Según lamentaban, en dicho encuentro "no les aseguraron nada" al respecto de la posibilidad de recuperar o no el dinero que cada uno de ellos abonó en su momento para adquirir estas viviendas, "entre 18.000 y 20.000 euros de media", o si podrán finalmente beneficiarse de esos pisos. Asimismo, criticaban que desde la CEA "ni siquiera se plantean adelantar" a los afectados el dinero que reclaman y "se limitan a remitirse al resultado de la auditoría del Sareb".
