El Juzgado de Instrucción número ocho, como ya hiciera ayer con unas 16 familias del clan de los 'Caracoleños', ha habilitado hoy un plazo de diez días para que otras seis familias de este colectivo exiliado del Polígono Sur tras un tiroteo y reinstalado en este barrio tras un éxodo chabolista por Sevilla y San Juan de Aznalfarache, abandone voluntariamente las viviendas de titularidad autonómicas ocupadas ilegalmente a finales del mes de julio de 2009. No obstante, la representación jurídica del colectivo espera esgrimir el principio de igualdad y de no discriminación contra la denuncia promovida en su contra por la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA).
José Estanislao López, el abogado que representa los intereses de este colectivo de etnia gitana, informó a Europa Press de que, al igual que ocurriera ayer con unas 16 familias, hoy han comparecido ante el Juzgado de Instrucción número ocho los miembros de unas seis familias a cuenta de la denuncia formulada en su contra por EPSA por la supuesta "ocupación ilegal" de un total de 41 viviendas de titularidad autonómica edificadas en el Polígono Sur. Estas familias, que en 2004 protagonizaron el polémico desalojo del poblado chabolista de Los Bermejales, se auto exiliaron del Polígono Sur en abril de 2009 por temor a represalias ante la muerte de un menor en un tiroteo, pero el 31 de julio de aquel año, tras todo un éxodo chabolista, regresaron a las viviendas que antiguamente ocupaban pese a haber sido precintadas por los operarios de EPSA.
Durante y después del éxodo vivido por este colectivo de familias, periodo en el que habitaron diversos asentamientos chabolistas, la ya extinta Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio inició una investigación administrativa en torno a la situación y el régimen de las 41 viviendas públicas habitadas por estas familias
De la mencionada investigación administrativa, cabe recordarlo, se desprende que al menos 36 de las 41 familias que componen el clan y que ocupaban desde aproximadamente 2004 estas viviendas públicas carecían de vinculo legal alguno con los pisos en cuestión. En concreto, la administración autonómica resolvió positivamente en cinco de los 41 expedientes instruidos para determinar la propiedad y regularización de las viviendas, mientras que en 36 casos no se pudo demostrar la propiedad de los ocupantes. De los cinco casos con resolución positiva, no obstante, una familia renunció a la vivienda y otra no pertenecía propiamente al colectivo de chabolistas.
José Estanislao López, de cualquier forma, advirtió de que hay aspectos susceptibles de recurso en la denuncia formulada por EPSA, anunciando que sus acciones judiciales esgrimirán el "principio de igualdad y de actuación no discriminatoria", dado que la ausencia de documentación efectiva que vincule a estas familias con las viviendas en cuestión es una situación en la que también incurren buena parte de los habitantes "del resto de pisos de esa barriada", en alusión a las Tres Mil Viviendas.
Igualmente, anunció que su estrategia de defensa intentará acreditar que durante varios años, el colectivo de familias habitó estos pisos "con el conocimiento de la Junta de Andalucía y sin que nadie les requiriese para abandonar las viviendas", de promoción pública y adquiridas por estas personas a sus anteriores moradores o adjudicatarios gracias a las partidas de 42.000 euros entregadas por el Ayuntamiento de Sevilla por el desalojo voluntario del poblado chabolista de Los Bermejales.
De otro lado, uno de los líderes del colectivo, identificado como Horacio, dijo a Europa Press que los miembros de estas familias están resueltos a permanecer en estas viviendas, porque "no hay derecho" a que la Administración andaluza promueva el desalojo de estos pisos de promoción pública después de que su adquisición se consumase de forma "legal, pagada". Igualmente, advirtió de que "después de lo que pasamos el año pasado" en los diferentes asentamientos chabolistas visitados desde abril a julio, "no voy a consentir que mis niños se mueran de calor".
UNA BALA PERDIDA
En abril de 2009, las familias de este clan huyeron del Polígono Sur por temor a "represalias" como consecuencia del tiroteo que el 29 de marzo se saldó con la muerte de un menor de 17 años en la calle José Sebastián Bandarán, donde una bala perdida alcanzó en la cabeza al menor mientras presenciaba el intercambio de disparos entre clanes de etnia gitana desde un todoterreno conducido por su propio padre.
Mientras la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio precintaba las viviendas abandonadas para esclarecer su régimen de ocupación, estas familias crearon un asentamiento de infraviviendas entre el puente de Juan Carlos I y el puente de hierro de San Juan, de donde fueron desalojados el 3 de julio para comenzar un precario peregrinaje que finalizó tres semanas después con su retorno a las viviendas.
