El paro convocado hoy por los secretarios judiciales de toda España por la sanción a la funcionaria del caso Mari Luz amenaza con afectar a la totalidad de juicios que estaban señalados para hoy. Sólo en Sevilla, el paro de tres horas convocado por el centenar del secretarios judiciales puede afectar a los 300 juicios previstos ya que los servicios mínimos sólo cubrirán a los juzgados que estén de guardia.
Más allá de los errores cometidos por unos y otros, no es admisible que por un proceso reglado que se debe ceñir a la normativa interna en cuanto a la notificación de sanciones y expedientes disciplinarios, sean los ciudadanos los que terminen pagando los platos rotos con el aplazamiento de cientos de juicios. Las injerencias en este caso protagonizadas por destacados miembros del Gobierno son de todo punto inadmisibles. Las declaraciones de la Vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y del Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, exigiendo una sanción más dura para el juez Rafael Tirado menoscaban la independencia de las instituciones y ayudan a su descrédito. Lo mismo cabe decir del corporativismo manifestado con las sanciones al juez y la funcionaria del caso de la niña Mari Luz. Ambos comportamientos entrañan un importante desgaste del Estado de Derecho. Es evidente que la Justicia arrastra un serio déficit de medios téctinos y humanos para poder funcionar con diligencia, y nadie niega a estas alturas que en la tramitación judicial de las causas contra el presunto asesino de Mari Luz se han producido errores que deben ser corregidos y que comportan la responsabilidad del magistrado encargado de hacer el seguimiento de las ejecutorias. Pero ambas cuestiones no habilitan a ningún colectivo para tambalear el sistema judicial como medida de presión ni mucho menos a convertir a los ciudadanos en víctimas de los conflictos reglados bajo los que se rige la administración de justicia.
