En Sevilla, los colegios afectados son Nuestra Señora de Lourdes de Carmona, Ángela Guerrero, Albaydar, Ribamar y Altair de la capital, Elcható de Brenes y el Molino Azul de Lora del Río. Los dos primeros son de las Hermanas de la Cruz y el resto vinculados al Opus Dei. Hay otros tres en Córdoba, uno en Granada y uno en Almería. La patronal que los representa, la Confederación de Centros de Enseñanza Privada (CECE) ya ha anunciado que "defenderán su modelo mientras puedan jurídicamente" y asegura que aún les queda "camino" para recurrir en los tribunales, aunque reconoce que tras el fallo del Supremo está "más complicado que antes". Cada centro tendrá que tomar su decisión pero de momento no se plantean convertirse en mixtos hasta agotar sus posibilidades de recurso.
La consejera de Educación, Mar Moreno, explicó que se ha decidido no aplicar la sentencia este mismo curso porque el fallo es posterior al proceso de escolarización y para "preservar los derechos" de los 3.159 alumnos matriculados en los 12 centros afectados. A todos ellos, como al resto de los colegios concertados andaluces, les toca renovar el concierto con la Junta en enero de 2013 para los próximos cuatro años. Será en la convocatoria de ese nuevo concierto en la que la Junta exigirá como condición para acceder a la subvención que los centros admitan a alumnos de ambos sexos. Es lo que intentó hacer mediante una orden en 2009 que los centros recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y éste tumbó y paralizó. La Junta recurrió al Supremo, que finalmente avaló su decisión de negar el concierto en el caso de Elcható.
No habrá nuevo concierto por tanto para estos centros pero ¿qué pasa con los alumnos que ya cursan sus estudios en éstos? Si el centro deja de ser concertado, tendrán que pagar. Sin embargo, Moreno detalló ayer que la aplicación de la sentencia será progresiva, es decir, ya desde el curso que viene no estará concertado ningún primer curso de Infantil, Primaria, Secundaria o el resto de etapas y los niños matriculados en el resto de cursos podrán continuar sus estudios subvencionados hasta acabar la etapa correspondiente pero no matricularse en la siguiente. Convivirán durante un tiempo unidades concertadas y no concertadas pero las primeras irán extinguiéndose progresivamente hasta que todo el colegio sea privado. Los alumnos que al cambiar de etapa no quieran seguir en el centro, serán reubicados en colegios públicos o concertados de la misma zona según el baremo habitual del proceso de escolarización.
Tras la sentencia del Supremo, el ministro de Educación, Juan Ignacio Wert, anunció un cambio en la LOE, en la que se basa el Supremo, para proteger el concierto a los colegios de educación diferenciada pero Moreno dudó ayer de que "pueda haber un cambio legal que pueda cambiar la doctrina sentada por el Supremo" y aseguró ayer que "la voluntad de la Junta de no renovar el concierto a estos colegios no la va a parar el PP, solo la pararán los tribunales".
A ellos recurrirá la patronal CECE. Según su responsable andaluz, Rafael Camaño, la vía pasa por llevar al Constitucional el fallo del Supremo y volver a denunciar la nueva orden que saque la Junta para renovar los conciertos ante el TSJA, si bien ahora su pronunciamiento se verá condicionado por la sentencia del Supremo. Para Camaño, no se trata de que un modelo sea mejor que otro sino de que una administración no debe a su juicio defender una u otra fórmula. "Porque sea quien pague no tiene que decidir cómo organizo yo mi trabajo", alegó. Además, recordó que el Supremo considera "legítima" la educación diferenciada, y consideró "ambiguo y contradictorio" que rechace su financiación pública. "Si es legítimo y produce magníficos resultados académicos y las familias lo demandan porque estos centros están llenos, nos parece que es una discriminación entre unas familias y otras", señaló.
