Las principales organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/birdlife y WWF otorgaron ayer un suspenso "claro" a la política medioambiental del Gobierno que, consideran, con la excusa de la crisis está promoviendo políticas totalmente insostenibles, especialmente en materia de transporte y en el sector de la construcción.
Los responsables de las instituciones hicieron un balance del primer año de legislatura y coincidieron en que el medio ambiente perdió parte del peso político que tuvo en la anterior etapa socialista, y en que la política ambiental ya no forma parte de las prioridades del Gobierno.
Los ecologistas denunciaron que se han producido muy pocos avances en materia ambiental, más bien se caracteriza por un inmovilismo generalizado y, en ocasiones, por claros retrocesos, lo que "es más preocupante".
Críticas. Este retroceso se reflejó también, según los ecologistas, en la política de información y comunicación, que se traduce en una falta de receptividad por parte del Gobierno, en particular, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, así como en una falta de transparencia.
La secretaria general de Amigos de la Tierra, Liliane Spendeler, subrayó que las organizaciones ecologistas no se resignan y han elaborado un documento conjunto en el que hacen un llamamiento al Gobierno para que cambie de rumbo en su política ambiental, para lo cual proponen diez medidas concretas. Entre ellas, destaca el cierre urgente de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que está "completamente agotada y con graves problemas de seguridad", según puso de relieve el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo. Las organizaciones piden la introducción de condicionantes ambientales y sociales en las medidas anticrisis que adopte el Gobierno.
