La sangría laboral que sufre el país en los últimos años llegará ahora a la Administración Pública según se deduce del borrador del nuevo reglamento de expedientes de regulación de empleo (ERE) que maneja el Ministerio de Empleo y que facilita los despidos en bloque dentro del sector, una medida más impulsada por el Gobierno para recortar el gasto y cumplir con el déficit.
Sin embargo, y según denunciaron los sindicatos, esta tijera en las administraciones afectará al personal laboral y no a los funcionarios, esto es, las personas que en su día aprobaron una oposición para acceder a la plaza correspondiente. Por este motivo, los representantes de los trabajadores tacharon la medida de "discriminatoria".
"El empleado público es único, compuesto por personal laboral y funcionario, y habrá de determinarse, so pena de incurrir en arbitrariedad qué puestos de trabajo, no qué régimen jurídico, son los no precisos", denuncia el documento de observaciones de UGT y CCOO sobre el proyecto del Real Decreto.
Así, el Área Pública de CCOO criticó, a través de este comunicado, que la nueva normativa sobre despido colectivo, que podría permitir regulaciones de empleo en un ente público por falta de dotación presupuestaria, deja "indefenso" al personal laboral de las Administraciones Públicas y "vulnera, una vez más, la Negociación Colectiva".
Para el sindicato, la regulación de los procedimientos de despido colectivo en el ámbito de las Administraciones Públicas supone una "peligrosa novedad" para el conjunto del sector público al establecer, por primera vez, "cuál va a ser el procedimiento concreto y específico para el despido colectivo del personal laboral ya que se consagra, normativa y definitivamente, el posible despido colectivo con la aprobación del cauce a seguir, lo que puede contribuir a convertir a partir de ahora en algo habitual una cuestión excepcional y puntual".
Asimismo consideró que, "además del ensañamiento demostrado por el Gobierno con respecto al personal laboral del sector público, se observa un alto grado de determinismo en cuanto al objeto del procedimiento a seguir, en opinión del AP de CCOO".
Es decir, que una vez la Administración de turno "opte por aplicar un despido colectivo, su aprobación va a resultar prácticamente inevitable y, además, en los términos planteados inicialmente". De manera que la primera conclusión sobre este Reglamento es que se trata de un mero formalismo a seguir "para llegar al objetivo fijado: el despido".
Mientras que lo regulado en el borrador para el sector privado deja la puerta abierta a una "posible negociación entre las partes, en el sector público se establece una presunción de que, como quien despide es una Administración Pública, el despido es inevitable, no hay más remedio y las razones que apunta gozan de una presunción de veracidad".
Además de dejar "indefensos" al personal laboral de las Administraciones Públicas, esta normativa dota a las Administraciones empleadoras de una capacidad "exorbitante y vulnera el derecho de negociación colectiva garantizado por la Constitución y los Convenios Internacionales ratificados por España".
Por último, subrayó que el empleo público es único, compuesto por personal laboral y funcionario, y habrá de determinarse, "so pena de incurrir en arbitrariedad, qué puestos de trabajo son los no precisos, algo que exige una justificación en el marco de un plan de Empleo negociado".
MOTIVOS. El texto enviado por el Gobierno a los sindicatos concreta las causas económicas para realizar un ERE sobre el personal laboral. Así, lo justifica "cuando se produzca una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos" y fija esa "insuficiencia" en una caída del 10% de la aportación presupuestaria del Estado a la administración regional, entes, empresas públicas y otros organismos respecto al año anterior.Desde las filas de la oposición se criticó la medida. Así, la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, echó en cara al Gobierno que se haya ido de vacaciones y haya "dejado a los técnicos trabajando en el Ministerio de Empleo" en la redacción del proyecto de Real Decreto Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y de reducción de jornada. Este reglamento, aseguró, "confirma todos los temores" que el PSOE anunció tras la aprobación de la reforma laboral, en la que se incluyó una disposición adicional en la que se establecía la posibilidad de realizar expedientes de regulación de empleo en las administraciones públicas. "Cuando hemos visto el borrador lo vemos de forma clara. La disminución del presupuesto de las administraciones en más de un 10% permite la apertura de un ERE", añadió, para apostillar que "si este reglamento se aprueba, ningún empleado laboral fijo se va a sentir seguro en su puesto de trabajo". Este reglamento también es un indicio, a su juicio, de la "intención oculta" del Gobierno de privatizar los servicios públicos.
