El bloqueo sufrido por el Constitucional encara su recta final. Su pleno admitió la recusación del Gobierno contra dos jueces, que quedarán apartados. La decisión desnivela la balanza en la lucha por el poder judicial a favor de los progresistas, que tienen el camino libre para la reforma de este tribunal.
El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, impugnó en octubre a Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata después de creerlos "contaminados" para resolver el recurso del PP contra la Ley Orgánica del TC, después de que en junio pasado manifestaran por escrito su "profunda discrepancia" con la reforma y, concretamente, con un artículo que prorrogaba automáticamente el mandato de la presidenta de este órgano judicial, María Emilia Casas, cuya dimisión pidieron.
Cinco meses después, el Alto Tribunal, reunido en pleno, estimó por mayoría la recusación, la primera que realiza un Gobierno en la historia del Constitucional. La decisión se adotó con el voto de la mayoría progresista, mientras que Javier Delgado Barrio y Ramón Rodríguez Arribas, jueces del sector conservador, formularon su voto particular.
Tras la exclusión de los dos jueces conservadores, la sala que resolverá el recurso contra la Ley Orgánica del TC se compondrá por sólo ocho magistrados, cinco del sector progresista y tres del conservador. Tanto Casas como el vicepresidente, Guillermo Jiménez, cuyo mandato también quedó prorrogado, se han abstenido.
Bloqueo judicial. Con la actual composición del TC, donde progresistas y conservadores tienen seis magistrados, la presidencia es vita ya que lleva aparejado el voto de calidad decisivo para romper el empate. Esta mayoría es determinante, sobre todo ahora que el TC debe resolver algunas leyes claves de la última legislatura, como el Plan Hidrológico Nacional, la ley de matrimonios gays y el Estatuto catalán, recurridas por el PP.
Tras el recurso del PP y las recusaciones posteriores del Ejecutivo, el PP contratacó con recusaciones sobre tres magistrados progresistas -Pascual Sala, Pablo Pérez Tremps y Manuel Aragón- argumentando que también se pronunciaron sobre la reforma de la ley, pero en este caso a favor.
Estas recusaciones, en cambio, se basaron en una noticia periodística sobre lo dicho por ellos en una reunión y fue desmentida por los asistentes, incluido dos jueces conservadores. La negación llevó al Constitucional a rechazar de plano tramitar las recusaciones.
El tribunal esquivó, de paso, la amenaza de bloqueo por falta de quorum a la que se enfrentaba, porque la ley judicial prevé que el pleno sólo puede tomar decisiones si está compuesto por un mínimo de ocho jueces. Justo el número que estará en el pleno que resolverá el recurso del PP.
