Los archivos de los juzgados sevillanos van a estar algo más holgados que de costumbre porque la Consejería de Justicia e Interior va a eliminar 506.246 expedientes judiciales antiguos en Sevilla, guardados en un total de 6.810 cajas. El objetivo de esta medida es liberar espacios de los archivos de los juzgados, y ya ha sido trasladada a la Junta de Expurgo, de la que forman parte la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), para la destrucción selectiva de la documentación carente de valor de los órganos judiciales de la comunidad.
Los documentos que serán próximamente destruidos en esta provincia proceden de 16 juzgados de Instrucción de la capital sevillana, fechados entre 1966 y 1998. Este nuevo expurgo de documentos en la provincia se suma al realizado durante el pasado año con la eliminación de otros 129.633 expedientes judiciales antiguos de los juzgados de la capital guardados en más de 2.423 cajas. Los expedientes destruidos procedían del Juzgado de Instrucción números 5, 14 y 16 de Sevilla y correspondían a diligencias previas y juicios de faltas de las décadas de los años 70, 80 y 90.
Esta eliminación selectiva superará a nivel andaluz los tres millones de expedientes desalojados de los archivos judiciales andaluces en cerca de 60.000 cajas en lo que va de legislatura. En esta segunda fase de eliminación selectiva también se conservarán un total de 51.799 expedientes, distribuidos en 806 cajas, que serán trasladados al archivo histórico provincial de Sevilla.
Con esta nueva acción, la Junta quiere seguir avanzando en el proyecto de eliminación de documentación judicial antigua y sin utilidad al suponer una mejora importante de los espacios en los archivos. La primera destrucción masiva de esta documentación judicial sin valor, que corresponde a diligencias previas y juicios de faltas de las décadas de los años 70, 80 y 90, se inició en 2012 en seis provincias entre ellas Sevilla- y posteriormente se ha extendido al resto de Andalucía.
El delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Francisco Javier Fernández, asegura que «este proyecto pretende dar respuesta a uno de los problemas más acuciantes de la Administración de Justicia como es la saturación de los archivos judiciales y la falta de espacio en sus instalaciones y que ofrecen una imagen desfasada y negativa de este servicio público».
Fernández afirma que «no tiene ningún sentido conservar expedientes que no tienen nada de valor ni de interés y que están ocupando inútilmente un lugar en los archivos, un espacio que necesitamos liberar para acoger nuevos documentos».
