Una niña mauritana denuncia a sus padres por obligarla a casarse con un hombre mayor y a tener con él relaciones sexuales. Viven en Puerto Real (Cádiz) y les juzga un tribunal español. De parte de la acusación, ginecólogos y forenses españoles declaran que la niña presentaba signos de violación. Desde la defensa, el imán de la mezquita de Puerto Real habla de unos padres ejemplares y el marido niega la violación y defiende que su cultura y su religión permite este tipo de matrimonios. La sentencia, dictada según las leyes españoles, condena al marido y a los padres por agresión sexual, coacciones y amenazas mientras la comunidad mauritana se manifiesta frente a los juzgados pidiendo respeto a sus costumbres. Y surge de nuevo un debate sobre los límites entre la diversidad cultural y la universalidad de unos derechos humanos mínimos de obligada protección. Un debate puesto de manifiesto ya antes con cuestiones como el velo islámico en la escuela, la poligamia o el nomadismo gitano y su repercusión en la educación de los menores.
Que una persona que llega un país debe atenerse al marco de convivencia que marcan las leyes del mismo es algo que nadie duda. El juez no hace más que aplicar la legislación vigente. La cuestión radica en si esa normativa parte de una perspectiva etnocéntrica capaz de convertir en delito lo que otros llaman costumbres por el mero hecho de considerarla inferior.
La catedrática de Antropología de la Universidad de Sevilla, Emma Martín, reconoce que, desde el punto de vista jurídico, "no se ha trabajado suficientemente hasta qué punto determinados planteamientos legales no están limitados por prejuicios culturales". Y subraya que el tema del matrimonio resulta "especialmente complicado porque en nuestra cultura hay una idealización del amor que presupone que éste siempre es libre y voluntario".
Emma Martín tiene claro que en esta y otras cuestiones hay un etnocentrismo y una creencia en la superioridad de los valores y costumbres propios que nos llevan a juzgar con un "doble rasero".
El etnocentrismo implica que aprendemos que nuestros valores y las formas de comportamiento propias de nuestra cultura son las más correctas y justas. Las demás sólo son aceptables en mayor o menor grado, y serán menos aceptables cuanto más lejana y diferente de la nuestra sea la cultura de la que proceden.
"¿Hasta qué punto una menor es madura para casarse y tener hijos. Cuando una niña española embarazada decide casarse por presiones familiares no le damos connotaciones culturales, pero si es una chica gitana o de otro pueblo le damos un plus de cultura. Para muchas culturas casarse joven es una costumbre que sólo se puede cambiar con la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, que es lo que cambió nuestras pautas matrimoniales", explica esta antropóloga de la Hispalense especializada en etnicidad y migraciones.
El extremo contrario al etnocentrismo sería el relativismo cultural, la creencia de que toda costumbre o tradición es asumible en aras del respeto a la diversidad cultural como el reclamado por la comunidad mauritana o el esgrimido por extremistas islámicos para defender la violencia sobre la mujer, por cierto para nada exclusiva de una determinada cultura o religión como demuestran los asesinatos machistas que continuamente asaltan la actualidad informativa del mundo occidental.
El secretario general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales, defiende que "ni la cultura ni la religión pueden ser una excusa para atentar contra los derechos humanos y la dignidad de las personas, pero la clave está en que no somos igual de exigentes con todas las culturas que con la propia".
Morales reconoce que la convivencia exige un marco de referencia que todo el mundo acepte y sobre el que se ha logrado un mínimo consenso, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la ley no puede romper. En el caso de los menores, la comunidad internacional también ha hecho un esfuerzo por delimitar qué se entiende por infancia y cuáles son los derechos universales de los niños que todos los países deben preservar.
Sin embargo, Morales también alerta sobre el "paso atrás" que supone "ir a una legislación más restrictiva, como ha hecho Francia al prohibir a las niñas musulmanas llevar hiyab cuando no nos planteamos nada sobre la vestimenta de otros jóvenes o la toca de las monjas" y lamenta que "sólo se aborden estos temas cuando hay problemas o escándalos".
A su juicio, "la legislación tiene unos límites pero hay que ver si esos límites son razonables, deben ser los imprescindibles para la convivencia". El reto, quizás, sea encontrar el punto intermedio entre el etnocentrismo y el relativismo cultural, al margen de que vivir en una sociedad implica aceptar las normas de convivencia marcadas por ésta, en forma de leyes u otro tipo de regulaciones.
