El de ayer se intuía que iba a ser el día D para el olivar español ya que en Bruselas se decidía el sí o el no al almacenamiento privado del aceite de oliva, que, a cambio de ayudas europeas, permite a los productores retirar cosecha del mercado para propiciar una recuperación de los precios. Pese a las esperanzas depositadas por el Gobierno central y la Junta de Andalucía -que incluso dicen entender las movilizaciones que ha protagonizado este sector, unido para reclamar ese auxilio-, la respuesta sigue siendo negativa, aunque no es definitiva.
Ni siquiera fue un asunto prioritario en el Comité de Gestión de la Unión Europea -donde se dan cita expertos de los Veintisiete-. Si bien constaba en la agenda, se tocó de refilón, después de que la Comisión Europea -encargada de hacer propuestas- esgrimiera de nuevo datos que sentencian que no se dan las condiciones de mercado para que se active la medida de protección -es decir, ese almacenamiento privado, que sustituye, desde 1998, al paraguas de la intervención o compra pública de cosechas-.
Básicamente, Bruselas reitera que, a tenor del mercado actual, existe una estabilidad en los precios de origen (a salida de almazara, que nada tiene que ver con la venta al público) y no una caída como denuncian los agricultores españoles, y que las cotizaciones de referencia para otorgar ayudas de retirada del aceite de oliva no se dan, sino que superan los umbrales mínimos. Por cierto, éstos no se actualizan desde 1998, una crítica permanente de campo español.
No se trata de una novedad. Ya el propio director general de Agricultura de la UE, el español José Manuel Silva -número dos del comisario del ramo, Dacian Ciolos-, recalcó hace unos días que los requisitos no se cumplían, palabras que dejaban claro que, a pesar de las presiones, Bruselas no se iba a doblegar. El Ejecutivo comunitario entiende que el olivar tiene un problema estructural y no coyuntural, y esto es lo mismo que decir que, con dinero europeo, no cabe sostener de por vida al sector oleícola.
Por el contrario, el informe del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino aportado a la Comisión señala que los precios se encuentran por debajo de las últimas campañas, al tiempo que advierte del peligro de abundantes stocks (o excedentes) que podrían incluso acentuar la tendencia a la baja de los precios que se abonan al olivarero.
Eso sí, en el Comité de Gestión el departamento de Ciolos señaló que seguiría analizando los datos y argumentos enviados por el Ministerio de Rosa Aguilar y la situación del mercado del aceite, pero sin mucho convencimiento. A España, pues, sólo le queda esperar o fraguar una alianza entre países lo suficientemente amplia como para forzar una decisión en positivo en el seno del Consejo de Ministros de Agricultura, donde se sientan los representantes de los 27 países miembros.
A las puertas de unos comicios municipales, el almacenamiento privado del aceite se convierte, al margen de su necesidad social y económica, en un asunto capital, por la sencilla razón de que el olivar está en los pueblos y todas las organizaciones agrarias -que volverán a salir a la calle mañana en Toledo como ya hicieran en Jaén y Córdoba- tienen unidas las fuerzas y apuntan directamente a las administraciones.
No en vano, ayer alzaron la voz y apuntaron a Atocha, la sede madrileña del Ministerio. COAG reclamó la implicación directa del presidente del Gobierno español "ya que la situación de los olivareros es una cuestión de Estado que no puede dejarse tan sólo en manos de una ministra", UPA reprochó a Rosa Aguilar y a la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, que encuentren en Bruselas un chivo expiatorio para no hacer los deberes propios que mejoren la situación de los agricultores y Asaja cuestionó el peso y la capacidad política de la titular del Ministerio para arrancar de Dacian Ciolos unas ayudas que, sin ser la panacea, sí amortiguan la crisis de precios que se padece.
Un sevillano ‘comanda' a los jóvenes europeos
La Asamblea General del Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores (CEJA) eligió ayer como vicepresidente para los próximos cuatro años a José Fernando Robles del Salto, joven agricultor español y miembro de la patronal Asaja-Sevilla. Será el único representante del campo mediterránep en el nuevo Comité Ejecutivo del CEJA, presidido de nuevo por el holandés, Joris Baecke.
La patronal agraria informó de que José Fernando Robles participa en el CEJA desde hace cuatro años y en 2010, durante la Presidencia Española de la Unión Europea, coordinó la organización del Congreso Europeo de Jóvenes Agricultores, que se celebró en Huévar (Sevilla).
Robles, asimismo, impulsó recientemente la elaboración de un dictamen por parte del Consejo Económico y Social Europeo analizando el futuro de los jóvenes agricultores de Europa.
Desde su nuevo puesto de vicepresidente del CEJA, el sevillano defenderá el fortalecimiento de la Política Agraria Comunitaria (PAC) más allá de 2013 para que contemple mecanismos más efectivos que los actuales para rentabilizar la actividad agraria y para favorecer la incorporación de jóvenes y el relevo generacional, "el problema más grave que tiene la agricultura europea y especialmente la española".
