El guión varió a última hora, pero ninguno de los miembros de la película podía ausentarse: en la undécima sesión del juicio de Malaya, que se retomó ayer, estaba previsto que el principal acusado, el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, comenzara a declarar, pero la sorpresa fue mayúscula cuando el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero pidió empezar por el abogado hispano-alemán Juan Hoffmann.
El tema de discusión fue el pelotazo de Crucero Banús, aunque eso no consoló a los periodistas ni al público que acudió a la Ciudad de la Justicia para comprobar que el Jefe habla y tiene alma. Sin embargo, abrió el fuego otro peso pesado de la trama, al igual que hoy hablará Pedro Román, la sonrisa del régimen. Ellos también son actores principales en esta historia, cuyo protagonista con más empaque, Jesús Gil, hizo mutis por el foro hace tiempo.
Primero, el marco del debate: el pelotazo Crucero Banús, una transacción inmobiliaria que supuso un aumento de la edificabilidad de una parcela desde los 532 metros cuadrados de techo hasta los 11.406 en virtud a un convenio, siempre según las tesis de la Fiscalía. Hoffmann, Roca, el ex comisario Florencio San Agapito y Román habrían constituido una sociedad en Suiza, Lispag Ag, con la que a su vez adquirieron las participaciones de la propietaria del terreno de Puerto Banús (Yambali) por cuatro millones de dólares.
Un año después, tras el verano de 2002, vendieron la mercantil al promotor José Ávila Rojas por diez millones de euros. El beneficio: seis millones de euros en un solo año, recibiendo el Ayuntamiento la mitad de los aprovechamientos urbanísticos previstos (2.400 metros cuadrados). El perjuicio a Marbella, indica López Caballero, asciende a cinco millones de euros.
El acusador público estuvo riguroso, atento al detalle, y huyó de las frases grandilocuentes: se centró en demostrar la ilegalidad de la compraventa inmobiliaria de principio a fin. Hoffmann, por su parte, se esmeró en demostrar que nunca se manejó dinero ilícito en el proceso. El acusado está considerado el hombre que diseñó la estructura societaria del presunto cerebro de la trama en el extranjero.
El letrado indicó que en ese terreno, el promotor del centro comercial Cristamar, Yassin Dogmoch, quería edificar un rascacielos señero, pero al no llegar a un acuerdo le pidió que buscase un comprador, que resultó ser Román, reconvertido en 2001 en industrial inmobiliario -dejó el Consistorio en 1998-. Los técnicos del primer propietario de la superficie ya negociaron un convenio con el Consistorio, pero Hoffmann dijo desconocer si se había rubricado.
El momento álgido se vivió cuando lo interrogó su abogado, el minucioso José Manuel Vázquez. Hoffman reconoció haber firmado el convenio en el que se aumenta la edificabilidad y se recortan a la mitad los aprovechamientos urbanísticos de Marbella. Pero dejó muy claro que, en septiembre de 2001, cuando se inician los trámites, no tenía negocios ni amistad con Roca. "¿Lo conocía?", le indicó el jurista, a lo que éste respondió: "Sí, de hola y adiós".
Destacó que en ese momento Roca no estaba imputado. Interrogado sobre si sabía que el convenio urbanístico, actualmente paralizado por el TSJA, era legal dijo: «No se ajustaba a la legalidad urbanística vigente, pero el caos era total».
