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Los políticos tienen tres años para salir de las cajas de ahorros

Los Parlamentos, y no los Gobiernos autonómicos, elegirán a los representantes

el 09 jul 2010 / 19:32 h.

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María Teresa Fernández de la Vega con Elena Salgado, ayer.

Con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del decreto ley de reforma de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA), el Gobierno pone punto y final a la reestructuración del sector financiero.

La nueva norma, que permite a las cajas ampliar sus posibilidades de capitalizarse y persigue una mayor profesionalización en su gestión, viene a rematar el proceso de reestructuración iniciado tras la crisis, que ha reducido de 45 a 19 el número de estas entidades, una vez concluyan las alianzas y fusiones emprendidas, que han costado 11.200 millones al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), detalló la vicepresidenta Elena Salgado.

Aunque el contenido lo adelantó la víspera el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Salgado desgranó ayer algunos detalles, entre ellos, que se impone un límite de tres años para que los cargos políticos electos y representantes de las administraciones públicas salgan de los órganos de gobierno de las cajas, junto a otra novedad. Y es que, a partir de ahora, serán los Parlamentos autonómicos y no los Gobiernos regionales, los que decidirán la representación de las comunidades en estas entidades.

Estas decisiones se enmarcan en el objetivo del Gobierno de despolitizar las cajas, en cuyos órganos de gobierno la presencia de las administraciones públicas, entidades y corporaciones de derecho público no podrá superar el 40% de los derechos de voto.
Y, para ahondar en una gestión más profesional, se establece que al menos la mitad de los miembros del consejo de administración tendrá que acreditar cualificación y experiencia en el sector financiero.

Sin embargo, la medida que más revolucionará el sector es la emisión de cuotas participativas -similares a las acciones de las sociedades anónimas- con derecho de voto. El capital privado podrá asumir hasta un 50% del patrimonio de las cajas, sin límite por inversor. Será cada entidad la que decida si las cuotas tendrán o no esos derechos, si bien era lo que había reclamado el sector para acceder a los mercados de capitales.

La reforma aprobada, "la más importante de la historia de España", dijo la ministra de Economía, establece además nuevos modelos de negocio para las cajas.

Así, por un lado podrán mantener su naturaleza como hasta ahora, pero también tienen la posibilidad de ceder todo su negocio financiero a un banco mientras que la obra social y la cartera industrial permanecen en la caja. Otra alternativa es transformarse en una fundación cediendo todo su negocio a un banco en el que participen.

Las cajas que se integren bajo un Sistema Institucional de Protección (SIP), llamadas fusiones frías, tendrán una entidad central que será un banco, que estará participada al menos en un 50% de las cajas. Si ese límite se incumple, las cajas del SIP deberán transformarse en fundaciones y ceder su actividad financiera a la unidad central. Aunque para tomar cualquier decisión en el cambio de modelo será necesario el visto bueno de dos tercios del consejo de administración.

Por último, el Banco de España aplicará los nuevos requerimientos de solvencia que establecerá Basilea III según el modelo de negocio de cada caja.

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