Las principales quejas de los presos que cumplen condenan en los centros penitenciarios de Sevilla son los traslados de centro y la asistencia sanitaria. El servicio penitenciario del Colegio de Abogados superó de nuevo el año pasado las 2.000 consultas, un 4,8% menos que en 2006.
Los cambios y traslados de los centros penitenciarios son una de las mayores inquietudes de los presos que cumplen condena en las cárceles de Sevilla. Esta cuestión, junto con las carencias de la asistencia sanitaria, han copado las quejas al Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP), puesto en marcha en 2001 por el Colegio de Abogados de Sevilla.
Según la memoria de 2007, estas quejas por traslados se han multiplicado en los últimos años por "el incesante incremento de la población reclusa", que en el documento se achaca a las "reformas penales y penitenciarias realizadas por el anterior Gobierno". Esto conlleva, por un lado, "la vulneración del derecho del preso a cumplir la pena en un centro cercano a su residencia, y por otro, el incumplimiento del derecho a celdas individuales."
El letrado coordinador de este servicio, José Castilla, afirma que los cambios de prisión "son competencia de Instituciones Penitenciarias" y, en muchas ocasiones, "se hacen como un castigo a los presos que dan más guerra", mientras que, en otros casos, se deben a cuestiones de reordenamiento y espacio. El abogado lamentó que estas quejas "son muy difíciles de solucionar", ya que "sólo en los casos en que se haya producido una vulneración de algún derecho fundamental interviene el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria".
Las familias de los presos son las que se ven en gran parte perjudicadas, pues "la mayoría son personas sin recursos y no tienen medios para desplazarse". Castilla también incidió en que el transporte hacia el nuevo destino "no siempre se hace en las mejores condiciones, más cuando son trasladados al norte y tienen que soportar muchas horas de viaje".
Citas médicas. El otro punto que suscita mayor número de quejas sigue siendo, al igual que otros años, el de la asistencia sanitaria. "La no excarcelación de internos para acudir a las citas que tienen con médicos especialistas" provoca que "se pierdan las citas, y todo porque no hay policías para efectuar el traslado".
Castilla lamentó que los presos tengan que esperar "hasta un año para conocer un diagnóstico porque el perder una cita para la que han esperado meses les supone volver a pedirla y seguir esperando", asegurando que estas personas tienen que sufrir "la lentitud de la sanidad y la del centro penitenciario". De momento, "la única contestación del Juzgado de Vigilancia es avisar con tiempo y solicitar el traslado a la Policía por medio de un oficio judicial". Un trámite burocrático que se podría evitar "si los especialistas se trasladaran a prisión, o con más agentes destinados a este fin".
Otra de las quejas se centran en la asistencia psiquiátrica. "En prisión te das cuenta de que hay gente, que no es enferma, pero que necesita atención", afirma Castilla. Sin embargo, la respuesta es que con una visita a la cárcel de un especialista cada semana "es suficiente, cuando en la cárcel de Sevilla hay más de 1.800 presos".
En total, el servicio gestionó en 2007 unas 2.006 consultas, un 4,8% menos que el año pasado. Sin embargo, Castilla mostró su satisfacción "porque, por tercer año consecutivo, el servicio supera las 2.000 consultas", lo que indica la consolidación del mismo. Las demandas más habituales son las relativas a los permisos, la clasificación penitenciaria, la asistencia letrada de oficio y, en el caso de presos extranjeros, el asesoramiento sobre la regularización administrativa.
El SOAJP cuenta con 50 letrados que se dedican a resolver las cuestiones jurídicas relativas a la vida del interno en prisión y aquéllas que, aun relacionadas con sus sentencias condenatorias, normalmente no son atendidas por los abogados de oficio. En ningún momento este servicio interviene en las decisiones que tomen las defensas de los presos con respecto a sus causas penales, así como tampoco asumen otro tipo de asuntos, como pueden ser causas civiles o de familia.
Para poder acceder a este servicio los internos sólo tienen que solicitar la asistencia, ya sea por vía telefónica, por carta o por medio de algún familiar. En ese momento, pasa a una lista para recibir la cita con el letrado. En 2007, la media de espera fue de cuatro días desde que se produjo la solicitud hasta que se atendió.
