Si finalmente Ikea logra los 41.000 metros cuadrados más de edificabilidad que pide en los suelos de San Nicolás Oeste para construir su nueva tienda y el centro comercial con el que financiaría la inversión que quiere realizar junto al aeropuerto, sentará precedente y habrá más promotores que quieran replantear el desarrollo de otros suelos, muchos de ellos atascados por la crisis financiera y del ladrillo.
Es lo que opina la Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras, Gaesco, que apuesta por la "flexibilización de las exigencias urbanísticas para adaptarlas a las necesidades de cada momento, lo que no significa la liberalización o la desregulación del urbanismo", aclaró el gerente de la asociación, Manuel Sillero.
A su juicio, la petición de Ikea para cambiar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) conllevará que haya más empresarios que soliciten cambios porque "puede ser una salida para suelos sin expectativas de futuro en estos momentos". Eso sí, apuntó que todo dependerá de cada suelo y de la aprobación definitiva del anteproyecto de ley de adaptación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), de 2002, al texto refundido de la Ley de Suelo estatal. Un anteproyecto que, según Sillero, ya incluye nuevos límites para que los ayuntamientos tengan más libertad para cambiar la densidad de la edificación o los usos de un suelo.
"Se establecen condiciones y porcentajes para que esos cambios ya no sean considerados estructurales (que dependen de la Junta), sino de la ordenación pormenorizada que compete al municipio", apuntó el gerente de Gaesco.
El propio concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Maximiliano Vílches, dejó claro ayer que "ni se va a recalificar el suelo ni se realizará una revisión parcial" del PGOU, sino una "modificación puntual" en línea con la adaptación que esta realizando la Junta de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Por este motivo, Sillero indicó que la "filosofía" de la normativa andaluza coincide con la "filosofía" de la petición de Ikea y del propio Consistorio. "Hay descoordinación -dijo- en los tiempos, porque la modificación de la ley aún no está aprobada, pero no en los contenidos".
De hecho, el anteproyecto autonómico está ahora en el periodo de alegaciones públicas y tendrá que pasar aún por el Consejo Económico y Social, el Consejo de Gobierno y el Parlamento, mientras que Ikea quiere abrir en 2015 y, por eso, el Gobierno municipal de Juan Ignacio Zoido se comprometió a desbloquear el proyecto antes del 31 de diciembre. No en vano, el propio alcalde pidió esta semana el visto bueno de la Junta a la operación.
Ayer Vílches defendió que se está "muy cerca de la solución final" e instó al PSOE a que "se lea por favor" la propia modificación que la Junta pretende hacer de la LOUA, donde "se amparan muchos proyectos que puede haber en Sevilla en el futuro, entre ellos el de Ikea".
"Antes de hablar y criticar la gestión del Gobierno que lea la norma, amparada también por la directiva de la Unión Europea (UE), que permite lo que queremos hacer con Ikea para que se implante, una modificación puntual del PGOU y no una recalificación o revisión parcial", aclaró. Así, insistió en que esto generará empleo y que la adaptación a la nueva normativa y la Ley del Comercio que afectará a todas las superficies comerciales harán que dichos cambios sean "competencia municipal sin perjuicio de un posterior informe que tenga que emitir la Junta".
"La oposición será la primera que sepa que es lo que se va a hacer y después lo conocerá la población con transparencia, porque no queremos esconder nada ni hacer nada extraño", sentenció Vílches. Zoido remarcó que seguirán trabajando "dentro de la legalidad vigente".
