El Consejo de Gobierno aprobará hoy el plan de reequilibrio financiero, que retirará del presupuesto de 2012 unos 2.700 millones, de los cuales alrededor de 750 saldrán directamente de las nóminas de los empleados públicos. Los médicos, enfermeros, profesores, personal de Justicia y de la Administración -alrededor de 270.000 trabajadores- notarán el recorte en la próxima nómina, que ingresarán en julio. La negociación con los sindicatos de la Función Pública no ha dado frutos, de modo que la aprobación del plan de reequilibrio abrirá la puerta a un duro calendario de movilizaciones.
La consejera de Presidencia y secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, insistió ayer en que Andalucía ha elegido una "hoja de ruta radicalmente distinta a la del Gobierno central" para cumplir con el objetivo irrenunciable de reducir el déficit público al 1,5% del PIB. La Junta defiende que el 90% de los recortes que recopila el plan de ajuste vienen impuestos desde Madrid. Sobre todo, la aplicación rígida del aumento de la jornada laboral, de 35 a 37,5 horas semanales, habría supuesto el despido de 24.000 empleados públicos. En lugar de eso, el Gobierno andaluz ha preferido reducir progresivamente las nóminas de la administración, cargando más a los cargos más altos: un recorte del 7,5% a los miembros del Ejecutivo; un 5% de media a los funcionarios (además de reducir entre el 30 y el 40% las pagas extra de junio y diciembre); un 10% menos en la jornada y el sueldo de los interinos; y preservar las nóminas de los empleados que cobren menos de mil euros al mes. "Estas medidas afectan a alguna retribución de los empleados públicos, y lógicamente, no es fácil de consensuar ni con los representantes de los trabajadores ni con los trabajadores en sí", admitió ayer Díaz.
En efecto, ni los sindicatos de la Función Pública (CSIF, CCOO y UGT) ni las organizaciones sectoriales de médicos, enfermeros, profesores o personal de la administración (como Satse, el Sindicato Médico, Anpe o Safja) aceptan los argumentos de la Junta. La defensa del empleo público, dicen, es transitoria. El plan de ajuste rebajará todas las nóminas ahora, pero en pocos meses no impedirá que miles de trabajadores salgan de la escuela y la sanidad pública.
El Gobierno ha fijado la tasa de reposición al 10%, impidiendo a las comunidades sustituir a los trabajadores jubilados (sólo uno de cada diez). Los sindicatos calculan que en los próximos años se perderán de 20.000 a 40.000 empleos, sobre todo en sanidad y en educación. CCOO y UGT han convocado ya una manifestación de protesta para el día 20. Y ayer mismo médicos y enfermeros iniciaron un encierro de 24 horas en 14 hospitales andaluces en protesta por los recortes. Los encierros se hicieron en los pasillos hospitalarios, donde se organizaron asambleas informativas y recogida de firmas. Los centros elegidos fueron los hospitales de Torrecárdenas y de Huércal-Overa, en Almería; Puerta del Mar, Jerez y Punta Europa, en Cádiz; Reina Sofía en Córdoba; Virgen de las Nieves, San Cecilio y Motril, en Granada; Juan Ramón Jiménez en Huelva; Ciudad de Jaén; Carlos Haya y Virgen de la Victoria, en Málaga; y Virgen del Rocío de Sevilla.
Los sindicatos esperan introducir cambios en el trámite parlamentario, porque el plan de ajuste se aprueba hoy como decreto ley, pero luego será tramitado como proyecto de ley. Eso dará cancha a las organizaciones sociales y a los partidos para aportar modificaciones vía enmiendas. IU, socio de Gobierno, está sufriendo internamente su apoyo al plan de ajuste. Sus expectativas de cambio, que preveían reducir en cien millones el recorte en las nóminas, se han estrellado contra el estrecho margen presupuestario que les planteó la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. Tanto PSOE como IU esperan también que el PP andaluz se retrate durante el trámite parlamentario. "En este asunto, como en la reforma del sector público, vuelven a ponerse de perfil. En sus enmiendas habrá que ver si toman distancias respecto a lo que ha impuesto el Gobierno de Rajoy", dicen desde IU.
