Los tambores de la guerra política por el control de Caja Madrid siguen sonando y, en medio, unas declaraciones del consejero de Economía y Hacienda de la comunidad madrileña, Antonio Beteta, los han azuzado más.
Beteta abogó el viernes por la "privatización de las cajas de ahorros" con el objetivo de homologarlas, en cuanto a su tutela administrativa, a los bancos comerciales. "Mi opinión en relación con las cajas es un tanto heterodoxa, pues creo que habría que privatizarlas y que, en consecuencia, debería homologarse con el resto sistema financiero", manifestó.
"La naturaleza jurídica que hoy por hoy tienen es diferente, porque el banco tiene accionistas y la caja, no, tiene entidades que la representan", subrayó. Por tanto, "la tutela de unos y otros tiene que ser diferente". "El futuro a mi modo de ver debería ser una homologación hacia lo privado".
El consejero respondió, así, al ser preguntado por la petición del Ayuntamiento de Madrid al Gobierno central de que intervenga para evaluar la adecuación a la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid a la Lorca. No obstante, Beteta remarcó que "nadie está por encima de la ley" y todo el mundo ha de acatarla en los procedimientos abiertos en Caja Madrid.
La palabra privatización suscitó reacciones por parte de los sindicatos. CCOO indicó que esas declaraciones revelan los verdaderos objetivos del Gobierno regional en la estrategia que lleva a cabo respecto a Caja Madrid y la reforma legislativa regional para este tipo de entidades.
Detrás de la nueva ley y de su intento de aplicarla al proceso electoral en la caja que preside Miguel Blesa hay, a juicio de Comisiones, el interés por tomar su control e incluso cambiarle sus características de entidad social. En UGT, por su parte, comentaron que "estamos radicalmente en contra del afán privatizador que ha demostrado el Gobierno regional" y matizó que este proceso no es posible en España.
Mientras tanto, las tensiones en el seno de Caja Madrid tuvieron ayer uno de sus episodios de más polémica. La Comisión de Control de la entidad aprobó continuar con las elecciones internas, que se regirán conforme a la normativa anterior a la reforma legal aprobada en diciembre por la Comunidad de Madrid, informaron fuentes próximas al órgano.
De esta manera, la votación fue contraria a los intereses de la Comunidad de Madrid, que preside Esperanza Aguirre, y respaldó las tesis defendidas por Blesa. No obtante, afloraron incluso diferencias entre los socialistas dentro de esa comisión, puesto que uno de sus miembros se desmarcó de las encomiendas del partido. Si los comicios siguen adelante, Blesa sería reelegido. De lo contrario, tiene un pie en la calle.
